En el  medio de un clima de tensión que genera la discusión por el accionar del Ejecutivo en la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, Cambiemos tuvo que volver sobre sus pasos y ceder ante la presión de la oposición. En ese marco aceptó darle tratamiento este miércoles en el Senado la prórroga de la Ley 26.160, que prohíbe los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas.

El proyecto consensuado, que ya tiene dictamen favorable, será votado el miércoles luego del mediodía en la sesión especial donde también se trataría la propuesta de ley para sancionar los actos de corrupción cometidos por personas jurídicas.

El reclamo por la prórroga de la ley de tierras indígenas cobró fuerza a partir del caso de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Chubut.

La norma, sancionada en noviembre de 2006, declaró por cuatro años la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Desde su sanción, la ley se prorrogó sucesivamente y el próximo 23 de noviembre caduca una vez más, por lo que el oficialismo accedió a extenderla -de acuerdo al proyecto que se votará el miércoles- por otros cuatro años.

La norma es rechazada por algunos de los gobernadores que mantienen conflictos con los pueblos originarios como el salteño Juan Manual Urtubey.

En la sesión del pasado 7 de septiembre, el senador Fernando “Pino” Solanas hizo una moción para votar la prórroga sobre tablas, que no prosperó por el rechazo de Cambiemos y del jefe del bloque del PJ-FpV, Miguel Pichetto.

El titular del interbloque oficialista, Ángel Rozas, pidió entonces un plazo de gracia para evaluar una solución “integral”. El pedido fue sólo una excusa para ganar tiempo y consultar al Poder Ejecutivo. Ahora con el visto bueno de Marcos Peña y ante la proximidad del vencimiento de ley, se aceptó prorrogarla nuevamente.