El diputado nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, quiere saber si desde que el macrismo interrumpió el Programa Qunita se registraron muertes de bebés en situación de colecho y si, eventualmente, a Graciela Ocaña le cabe alguna responsabilidad penal por impulsar la denuncia, cuya causa judicial está a un paso de caerse.

En diálogo con Radio Del Plata, el legislador indicó que presentó un pedido de informe a la cartera que conduce Carla Vizzotti para conocer “la cantidad de bebés fallecidos desde el momento en que se interrumpió el Programa Qunita, a raíz de la denuncia penal de Graciela Ocaña”. De la misma manera, Tailhade pretende precisar “datos o registros oficiales respecto de los lesionados y de bebés heridos a partir de esta circunstancia”.

“El Programa Qunita, más allá de ser una política pública claramente igualitaria, buscaba reducir las muertes por colecho. Es decir, la cantidad de bebés que duermen con sus padres en la misma cama en función de diversas circunstancias: falta de recursos o precariedad de la vivienda, sobre todo”, describió el diputado para quien “la denuncia hizo mucho daño porque una cosa es tener el derecho de denunciar lo que se considera un delito, y otra cosa es interrumpir una política pública”.

“Con información falsa y una saña difícil de tolerar Graciela Ocaña empezó una campaña que terminó en la judicialización, que en definitiva no puede salirle gratis. Por lo menos, que la responsabilidad por las muertes les pese. Veremos después si es posible adjudicarle responsabilidad penal. Eso será otro tema. Primero, vamos a buscar los datos oficiales”, consideró Tailhade.

En junio, la fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados en el caso del Plan Qunita por inexistencia de delito. En un dictamen de 70 páginas, presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, la fiscal de juicio demolió la denuncia original de Ocaña y -en base al análisis de dos pericias contables- concluyó que no hubo perjuicio para el Estado, aseguró que no fue direccionada la licitación y subrayó que el kit cumplía con el objetivo de lograr «un comienzo de vida equitativo».

Cabe mencionar que la causa había sido instruida por el fallecido juez federal Claudio Bonadío, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y a su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.

En los seis meses que funcionó el plan nacional lanzado por Cristina para reducir la principal causa de mortalidad infantil entre los sectores de menores recursos (el colecho) se distribuyeron 74.408 kits a 289 maternidades en todo el país, de los cuales 43.600 (un 60 por ciento del total repartido) fueron entregados a las familias.

Las unidades del programa Qunita estaban compuestas por un moisés de fácil armado, un conjunto de ropa, blanquería, sonajero, libro de instrucciones, libritos de cuentos, cremas y hasta preservativos, pero el objetivo central era reducir el colecho, que se produce principalmente en hogares humildes, donde el bebé suele dormir con los padres, lo que puede provocar muertes por asfixia.