Sin el apoyo de la oposición, el oficialismo dará un paso importante este jueves en el Senado cuando trate en el recinto que preside Cristina Fernández de Kirchner el proyecto de reforma judicial en la órbita federal. Tras obtener dictamen en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales, la iniciativa sólo necesitará ser aprobada con mayoría simple. Es un número con el que cuenta el bloque del Frente de Todos, por lo que se da por descontado su giro a Diputados. 

Sin embargo, el oficialismo en la Cámara Baja busca estrategias de negociación con Casa Rosada para sumar el apoyo de los interbloques provinciales que anticiparon que no votarán la reforma. El posible tratamiento de un proyecto para suspender la deuda de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses podría ser clave para lograr un entendimiento.

El bloque oficialista que preside el formoseño José Mayans en el Senado sabe que sin Juntos por el Cambio tiene los números para aprobar el proyecto presentado por Alberto Fernández. Con asistencia perfecta, el FDT cuenta con 41 senadores sobre 72 que componen el cuerpo. Pero hay que tener en cuenta que José Alperovich está de licencia –investigado por la Justicia tras ser denunciado por abuso sexual a su sobrina– y que Carlos Menem no viene participando de las sesiones por problemas de salud. 

Con esas dos bajas, el oficialismo apuesta al apoyo de los monobloques provinciales de Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. 

Después de cinco audiencias en las que participaron unos 50 especialistas en la temática, propuestos por opositores y oficialistas, el miércoles pasado con algunas modificaciones al proyecto original se firmó un dictamen de mayoría. Los senadores de Cambiemos, que participaron de todas las reuniones, se negaron a negociar modificaciones en la iniciativa. Anticiparon que el jueves votarán en contra de cualquier texto que el FDT trate en el recinto.

En la Cámara Baja ya pasó a segundo plano el pedido de Juntos por el Cambio de retirar el proyecto y su negativa de tratarlo, pero el panorama es complicado para el gobierno. El presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, trabaja con el presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner y la Casa Rosada, en conseguir voluntades de los otros dos interbloques opositores, que son los que suelen aportar el número que el oficialismo necesita. El Frente de Todos representa la primera minoría, con 118 votos propios.

Durante la semana pasada se conocieron las primeras fisuras de los “aliados” que anunciaron que no votarán la reforma. El  argumento fue que es “absolutamente inoportuna” y que hay que avanzar con iniciativas que “sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”. Comenzó el trío de diputados de Consenso Federal de Roberto Lavagna, luego se sumaron los justicialistas Eduardo Bali Bucca y Andrés Zottos, los cuatro diputados que responden al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, los socialistas santafesinos, Luis Contigiani y Enrique Estévez, y la chaqueña Beatriz Avila, cuyo bloque está dentro del espacio del mendocino José Luis Ramón. 

Con el protocolo de trabajo remoto vencido, sin poder dictaminar ni abrir el recinto bajo la modalidad “virtual”, el oficialismo apuesta a la propuesta que presentó el gobierno en acuerdo con 21 gobernadores. Establece un plazo de 90 días para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, donde se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación. Y que el plazo será de ocho meses. También propone un nuevo sistema de financiamiento para el pago a jubilados adheridos a la Ley de Reparación Histórica.

En diálogo con Diputados TV, el radical José Luis Riccardo opinó: “El gobierno hace ensayos que no comparto. Cuando Córdoba empezó a prender las luces de alarma de que no va a acompañar la reforma judicial, aparecieron los temas que les duelen a las provincias. Espero que se puedan discutir por dos andariveles separados. La necesidad de ayudar a las provincias no tiene dudas; ahora, que el gobierno lo está usando como una prenda de cambio, ya es muy evidente”.