El escrutinio provisorio de las primarias de este domingo estrenará un nuevo sistema que arranca en medio de acusaciones, intrigas y especulaciones sobre la validez que tenga su resultado. Los datos aportarán el primer pantallazo sobre las elecciones generales del 27 de octubre. No tiene validez legal porque es organizado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, a diferencia del conteo definitivo, que es realizado por la Justicia Electoral, a partir del tercer día posterior a los comicios y que puede extenderse por dos semanas, en caso de que no haya impugnaciones judiciales.
El estreno para las PASO consiste en un nuevo sistema para “agilizar” la transmisión de los datos y acelerar el conteo, a partir de una licitación convocada en diciembre por el Correo Argentino, propiedad el Estado, por cuenta de la Dirección Nacional Electoral. La compulsa fue ganada Smartmatic, empresa de capital británico con sede en Estados Unidos y origen venezolano, que ya trabajó para la Cámara Nacional Electoral en distintas zonas del país para una prueba de verificación de votantes, mediante la toma de datos biométricos, y en las elecciones realizadas en 2015 en las localidades cordobesas de La Falda y de Marcos Juárez, donde Cambiemos se anotó una victoria municipal de alto valor simbólico para la carrera presidencial del entonces candidato Mauricio Macri.
A nueve meses de la operación compuesta por dos licitaciones que habilitaron el ingreso de Smartmatic, la realización del escrutinio afronta dos escenarios. La Casa Rosada asegura que habrá una transmisión de los datos sin sobresaltos con tendencias superiores al 80% de los votos escrutados antes de la medianoche. La oposición, por el contrario, se prepara para una «larga noche», cruzada por una polémica pública entre los centros de cómputos partidarios y la Dirección Nacional Electoral (DiNE), el organismo encargado de la gestión del escrutinio, que depende del secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. También con sus jefes inmediatos: dos de los funcionarios que salieron a defender el sistema en los últimos días de la polémica que escala desde hace tres semanas: el ministro del área, Rogelio Frigerio y el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, que mantiene la secretaría de Modernización y el control del correo estatal, que se encarga de toda la logística de las boletas y los datos.
El origen del nuevo sistema.
Aunque no tenga validez legal, el provisorio posee un altísimo impacto político que en las primeras horas también tendrá una gravitación determinante en el comportamiento de los mercados sobre el futuro de la gestión de Macri. Una demora en la publicación de esos totales podría incrementar la incertidumbre sobre la transparencia de los comicios. Sería un manto de sospecha inédito para unas primarias nacionales.
Las consecuencias de esas demoras ya fueron experimentadas en las generales de 2015 por la exigua diferencia de 700 mil votos que el entonces candidato Macri le sacó a su oponente Daniel Scioli. En 2017 también hubo giro en los resultados de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, que desembocaron en una denuncia pública de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el gobierno por manipular la carga de los datos del escrutinio con el objetivo de condicionar el resultado.
Luego de esa controversia pública, la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó la acordada 3/17 donde recordó que el conteo provisorio no es su potestad, pero recomendaba la utilización de mecanismos que aceleraran la transmisión de los telegramas que salen de cada centro de votación, que hasta entonces eran trasladados mediante una camioneta del correo argentino, con GPS. Antes de las legislativas de 2017, la DiNE instaló escáners en las zonas más pobladas del conurbano para acelerar la transmisión de esos resultados hacia los centros de cómputos que tiene el Correo en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande. Tras la acordada 3/17 de la CNE y las experimentaciones de transmisión del gobierno, el correo licitó en diciembre de 2018 la realización del escrutinio y el alquiler del software para estrenar el nuevo mecanismo.
Licitación, simulacros y riesgos.
El sistema anterior, durante los últimos 20 años, fue realizado por la española INDRA. En la última licitación ofertó 19,2 millones de dólares y perdió el contrato con Smartmatic que presupuestó un costo de 16,8 millones. También quedó afuera la catalana Scytl, que presentó una oferta de 17,8 millones. La licitación del software también fue ganada por Smartmatic, que alquiló el software por 3,1 millones de dólares.
Hace tres meses, cuando comenzó la organización del nuevo sistema, hubo tres simulacros masivos que presentaron fallas sobre la transmisión, desde la conectividad de las escuelas hasta las debilidades de seguridad del software alquilado. Algunos problemas surgieron porque hay 15.000 escuelas que recibirán votantes, pero unas 12.500 tienen conectividad 4G para poder transmitir. Unas 3.100, es decir el 25%, no cuentan con conexión y utilizarán el sistema anterior. Las primeras fallas del nuevo sistema fueron reveladas por Tiempo, dentro de una serie de inconvenientes que sumaron otro hallazgo por parte de los apoderados: que el software transforma el archivo del telegrama escaneado del formato .TIFF a .PDF u .PNG. Ese cambio, según los expertos informáticos de cada fuerza, implica un serio riesgo de manipulación, que originó las últimas impugnaciones presentadas ante la Justicia durante la semana pasada.
Los apoderados del PJ y de Consenso Federal pidieron que los fiscales informáticos puedan fotografiar los telegramas antes de ser enviados a los centros de cómputos, para contar con los datos antes de su transformación en otro formato. La CNE hizo lugar a los pedidos, pero también planteó: «Es necesario recordar aquí una vez más que más allá del Poder Judicial de la Nación y la incuestionable trascendencia que tiene en la formación de la opinión pública el escrutinio provisional, éste es un elemento secundario que carece de relevancia jurídica y es, por lo tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados».
Las impugnaciones contra Smartmatic y un final abierto.
La semana pasada, durante la notificación de esa resolución, el apoderado del PJ, Jorge Landau, también ratificó verbalmente una presentación realizada en mayo donde había solicitado que la licitación sea anulada y que Smartmatic sea apartado de la operación del escrutinio. Reiteró el reclamo para que la empresa entregue el código fuente del software que debería haber entregado hace un mes.
El martes pasado, la CNE le exigió finalmente a la empresa que entregue de inmediato el software. El Correo hizo una presentación a los apoderados el día siguiente, que no se mostraron satisfechos porque nunca tuvieron acceso al código fuente, entre otros planteos. En la misma jornada, Landau presentó un nuevo pedido ante la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, para que aparte a Smartmatic. La magistrada nombró veedores judiciales para estos comicios y por ahora no se pronunció sobre el planteo de fondo.
Nueva denuncia y advertencia del PJ.
El apoderado se mostró convencido de que el oficialismo quiere generar un ganador. También confirmó que en mayo presentó un pedido para apartar a Smartmatic y que esta semana hizo lo mismo ante Servini de Cubría. «En mayo la Cámara no hizo lugar porque se opuso el gobierno y ya sabemos que nunca nos van a entregar el código fuente del software porque no es propiedad del ejecutivo sino que se lo alquiló a Smartmatic. Por eso salió Frigerio a decir que todo les salió mas barato», señaló el letrado del PJ que se prepara para una extensa velada, donde no descarta confrontar públicamente los datos de su centro de cómputos con los que publique la DiNE. El peor escenario.
