El viernes próximo se terminarán la incertidumbre y el suspenso. En esa fecha, 6 de diciembre, a cuatro días del traspaso de mando, Alberto Fernández anunciará los nombres del staff de ministros y secretarios de Estado que lo acompañarán en el primer tramo de su administración. Sus colaboradores, sobre todo los más cercanos, esperan ese momento con ansiedad. Es que los últimos 20 días del gobierno entrante estuvieron atravesados por versiones contradictorias, filtraciones ejecutadas por profesionales, nombres que se lanzaban al ruedo y se daban por confirmados pero que días después eran enfáticamente negados mientras se desmentía cualquier injerencia de vetos o discusiones. Debates internos que, por otra parte, no suenan ilógicos para un espacio político que representa a una coalición.

Estas idas y vueltas, que para legisladores y futuros funcionarios del Frente de Todos aportaron algo de barro a la transición del gobierno entrante, se hicieron más visibles tras el golpe de Estado en Bolivia. Así, según algunas interpretaciones, la evidencia empírica del retorno de las desestabilizaciones y el golpismo a la región –sea a través de las Fuerzas Armadas o las de Seguridad– sumó un condimento ideológico y/o programático a las controversias que se generaron alrededor de ciertos nombres. Como el de Diego Gorgal, por ejemplo. Un especialista reconocido en la tarea sensible de dirigir a las fuerzas policiales al que propios y extraños valoran mucho por su formación y know-how y que al mismo tiempo vinculan con la agencia antinarcóticos hemisférica de los EE UU: la DEA.

Como se sabe, como el propio Fernández confirmó el último jueves a través de un tuit que parecía escrito para un destinatario privado y no para el gran público, Gorgal no será el ministro de Seguridad de la primera etapa de su gestión. Tiempo lo había anticipado una semana antes. Otra interpretación atribuye la revisión del nombre de Gorgal, y la decisión resultante de que la cartera de Seguridad quede a cargo de otra persona, a la resistencia que había generado en ciertos sectores del ministerio público la mera posibilidad de que el actual titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Alejo Iglesias, desembarcara en el Ejecutivo para ocupar el cargo que en la gestión actual de Patricia Bullrich ostenta el lilito Gerardo Milman (jefe de Gabinete del ministerio). En cualquier caso, tras dos semanas de postulaciones, correcciones y eventuales tachaduras, para Seguridad se mantiene en pie un lote de candidatos que incluye a Sabina Frederic, Silvia La Ruffa y Germán Montenegro (las dos primeras participaron de las reuniones de Seguridad de los equipos técnicos del Frente de Todos, Montenegro cumplió la misma tarea pero en la comisión de Defensa), más algún «tapado» que al final puede ser sorpresa. El senador bonaerense Sergio Berni, cuyo nombre volvió a ser mencionado en la última semana, podría asumir la cartera de Seguridad pero en el gobierno provincial de Axel Kicillof.

La intriga en torno a quién arrancará en el Ministerio de Seguridad de la gestión Fernández despertó más intereses en el ámbito político debido a antecedentes no tan lejanos: a diferencia del resto de Sudamérica, donde las FF AA tienen mayor autonomía respecto del poder civil y hasta ejercen cierto rol de árbitro político (el caso de Perú), en Argentina es impensable cualquier intervención militar en la disputa política. En cambio, lo que no es nada imaginario ni producto de fantasías es la capacidad para incidir en la coyuntura y hasta generar escenarios de conmoción que reúnen las fuerzas de seguridad: acuartelamientos, cese de tareas con manos caídas, rebeldías a sus mandos naturales motivadas por reclamos de ascensos o cuestiones salariales, no son ajenas a la historia democrática reciente de la Argentina.

Otra área sensible del Gabinete que Fernández anunciará el viernes 6 es, sin duda, todo el sector de Economía, Hacienda, Producción y Trabajo. De estas cuatro plazas del organigrama dependerá el éxito y el apoyo popular del nuevo gobierno en la primera mitad del mandato. Sucede que Economía, Hacienda, Producción y Trabajo tendrán a su cargo el despliegue de tres objetivos clave para los cien días iniciales del albertismo en el Estado: el shock salarial del arranque de la gestión con el que Fernández aspira a motorizar el consumo ya desde el verano 2020; la negociación con el FMI y acreedores privados para postergar por dos años los pagos de la deuda (sin quita de capital ni intereses como contrapartida); el acuerdo de precios y salarios con monitoreo del Estado. Algunos candidatos que circulan para asumir estas cuatro responsabilidades parecen muy firmes, aunque no se descarta que un nombre que se mencionaba para Producción –por citar un ejemplo– termine a cargo de Economía. Se trata de Matías Kulfas, Martín Guzmán (especialista en deuda, con vínculos con acreedores internacionales, allegado a Joseph Stiglitz), Martín Abeles (director de la oficina de Cepal en Buenos Aires). Para la cartera laboral es número puesto el abogado Claudio Moroni, de estrecha confianza de AF, incluso a pesar de que algún sindicato de mucho peso dejó trascender que esa designación no les generaba mucho entusiasmo.

Otra incógnita que sobrevuela sobre un sector sensible de la futura administración es qué nombres y con qué objetivos recalarán en la Agencia Federal de Inteligencia. Por un lado, es probable que se modifiquen las competencias y el organigrama; por otro, es un hecho que se restituirán ciertos límites a las arbitrariedades del organismo que CFK había dispuesto en su último gobierno: léase dar mayor transparencia a los fondos reservados e incrementar el control legislativo. Para la AFI sonaron varios nombres, el primero fue Alberto Iribarne, aunque desde hace diez días se le asigna un rol de asesor político directo del presidente, como el que tuvo Rafael Folonier con Néstor Kirchner . En la última semana tomó fuerza la versión de que Enrique Albistur, muy cercano a Fernández, ocupará el cargo que con Mauricio Macri desempeñó Gustavo Arribas. Otro nombre con experiencia para asumir funciones en la AFI es el abogado Juan Martín Mena, de mucha confianza con la vicepresidenta electa.

En el gobierno entrante saben que una de las tareas que deberán asumir en los primeros meses a lo largo de toda la estructura del Estado, desde Cancillería al ENACOM, será revisar la estabilidad laboral por cinco años que Macri otorgó a través de un decreto dirigido a quienes revisten el cargo de director general (lo que supone ser un funcionario de alta jerarquía). «Lo vamos a revisar, caso por caso. Primero queremos ver el valor jurídico de ese decreto. Y vamos a ver si hay personas que se merecen esta estabilidad, por experiencia y antigüedad», aseguró a Tiempo un allegado muy cercano a Fernández. En el caso del ENACOM, el ente nacional de las comunicaciones, todo indica que quien deberá conducir el organismo a partir del 10 de diciembre será Claudio Ambrosini, del espacio político de Sergio Massa. Ambrosini conoce bien esa función: hoy ocupa el cargo de representante parlamentario por la minoría. «