El acuerdo social que teje Alberto Fernández se expresa en dos ejes: uno económico, como el que acaba de cerrar con los sindicatos y los empresarios, y otro político, como el que anunciará en los próximos días con los gobernadores. A todos les pidió lo mismo: tiempo. Un paréntesis de seis meses en los que en el Frente de Todos se propone varios objetivos, pero uno en especial: frenar la inflación. Le siguen la descentralización del Estado, acuerdo precios, baja de costos laborales a través de la discusión por convenio, liquidación periódica de divisas provenientes del campo y aumento de salarios y jubilaciones.

Las cabezas que centralizan las propuestas y el diseño de implementación del acuerdo son varias. Sobresalen Santiago Cafiero y los jefes de los equipos técnicos Nicolás Trotta, rector de la Umet, y Virginia García, del Instituto Patria. Y el propio Fernández, que no delega el contacto personal con las gobernadoras y gobernadores, ni con los dirigentes sindicales y empresariales.

La histórica propuesta del peronismo del “acuerdo social” fue revivida por primera vez este año por CFK durante la presentación de su libro Sinceramente en La Rural. Trotta lo retoma para explicar que se trata de “la institucionalización de espacios de diálogo”. “Este nuevo contrato social de diálogo entre todos los sectores -el trabajo, los empresarios industriales, los gobernadores y los movimientos sociales-, no sólo tiene el objetivo de enfrentar la crisis, no sólo posa la mirada en la emergencia, sino que se propone a mediano y largo plazo resolver los cuellos de botella que tiene la economía argentina a lo largo de su historia”, detalló Trotta en diálogo con Tiempo.

Los gobernadores

Esta semana se estará terminando de despuntar el documento que dará cuenta de la forma en la que se va a implementar el esquema de descentralización y “contacto permanente del gobierno nacional con las provincias”. Será la evolución de aquella carta que firmó junto a 19 mandatarios provinciales en el cierre de campaña en Rosario y cuyo mensaje principal repitió el candidato en Tucumán el miércoles pasado: que cada argentina y argentino pueda desarrollarse en el lugar donde nació. La propuesta se centrará en la creación de una “Mesa Provincial en Red” que propone “presencia del gobierno nacional sostenida en el tiempo en las provincias” bajo la promesa de “encender las economías regionales”.

Las posibilidades para establecer esa coordinación son varias: por ciudad capital, por segunda ciudad, por densidad poblacional, por regiones, o por tipo de producción. “Todavía está en análisis de qué manera se va a llevar a la práctica”, explicaron desde las oficinas de Alberto F. “Se pretende establecer reuniones periódicas y descentralizadas entre los gabinetes provinciales y el nacional”, abundaron. De esta manera, Alberto Fernández propone institucionalizar el pacto político que selló con las gobernadoras y los gobernadores peronistas, que fue fundamental en la militancia territorial y la fiscalización final de las elecciones del pasado 11 de agosto.

Las tres patas

Si bien el acuerdo con los máximos dirigentes del empresariado y los sindicatos se concretó con la foto de Tucumán, las reuniones se venían gestando desde hacía por lo menos un mes. El objetivo central es frenar la inflación que acaba de dar otro salto del 4% en agosto. Según abundaron fuentes cercanas al candidato peronista, “se trata de un acuerdo para que durante 180 días se puedan acomodar los precios relativos y recomponer salarios sin que se traslade a la inflación”. La propuesta la explicó con tono pedagógico el propio Fernández en distintos medios. Adelantó que propone “un aumento salarial”. Dijo que en un primer momento puede “significar costos mayores pero que son necesarios para reactivar el consumo sin que se traslade a precios y se convierta en un boomerang”. “La madre del problema es que el gobierno pensó que paraba el consumo, paraba la demanda y bajaban los precios. Eso nunca pasó. La inflación tiene que ver con la idea de dolarización en los formadores de precios y la concentración del mercado, que en el mundo alimentario es muy importante”, dijo el candidato del FdT, quien se reunió esta semana con el supermercadista Alfredo Coto. Para ese sector del comercio, Fernández anunció la desdolarización de las tarifas, medida que ya le había adelantado de manera personal al titular de la empresa mayorista Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

En tanto, en la ronda de negociaciones, el dirigente peronista hizo un pedido particular a los dirigentes rurales, con quienes también se había reunido en sus oficinas a fines de agosto. “Se aspira a buscar el compromiso del campo para que liquiden, en períodos breves, las divisas”, detallaron. Es una forma de acceder a de manera frecuente a los dólares que produce la exportación de granos luego de la fuga masiva que se aceleró tras las PASO.

La negociación más delicada es la que transita el candidato con los representantes del capital y del trabajo. Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, dejó en claro su reclamo sectorial histórico: reducir los costos laborales. Si bien Fernández descartó desde un principio de la campaña la reforma laboral, sí propone motorizar la demanda del sector empresarial a través de los convenios por actividad. Según explicaron en su entorno, el ejemplo a seguir es el que se implementó entre los trabajadores petroleros de Vaca Muerta durante la gestión de Cambiemos. “La intención es replicar eso a través de acuerdos sectoriales en las nuevas actividades que se producen a partir del cambio tecnológico. Pero los sindicatos estarán sentados en esa mesa”, aclararon desde el búnker albertista. “Estas iniciativas se complementarán con una reforma impositiva diseñada junto a metas macroeconómicas e inversión en ciencia”, adelantaron a Tiempo voceros del candidato.

Por lo pronto, los únicos que quedaron afuera del naciente pacto social son los capitales especulativos  de corto plazo, a los que atacó Fernández desde un primer momento, cuando criticó la trampa de las Leliq. “El sector financiero tendrá una agenda distinta a la que impuso el gobierno actual, ya que estará vinculado a la producción. Es necesario el acceso al crédito por parte de medianas y pequeñas empresas. La economía es inviable con tasas de interés del 80 al 120 %”, definió Trotta a este medio. El miércoles por la noche, además de Acevedo de la UIA y Héctor Daer de la CGT, también se sumó a la cena el banquero Jorge Brito. «