La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado abrió el miércoles por la mañana el debate sobre los tres proyectos que se presentaron para regular la publicidad oficial en los medios. Fue en simultáneo con el aviso de la Casa Rosada sobre su propia reglamentación al respecto. La creación de un ente regulador, los criterios sobre qué información difundir y la elaboración de un registro nacional de medios a quienes otorgar pauta están en pleno debate. También se discute si el rating o la masividad de un medio es una variable a tener en cuenta para otorgar más o menos dinero.

La Secretaría de Comunicación Pública dio a conocer la regulación que implementará sobre publicidad oficial, un día después de que se difundiera que había otorgado pauta al ex Grupo 23 de Sergio Szpolski durante el proceso de vaciamiento. Desde el gobierno argumentaron que esas partidas fueron asignadas para cubrir a través de canje deudas previsionales e impositivas en los términos de los decretos 852/2014 y 1145/2009, firmados por el gobierno anterior.

Nuevos criterios

Si bien la reglamentación que puso en marcha la Casa Rosada tiene puntos en común con los proyectos que se están tratando en el Senado, la resolución no tiene fuerza de ley. La presidenta de la comisión, la senadora Liliana Fellner, se quejó. «Me pareció un atropello de parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. No sé qué opinará Federico Pinedo, o la senadora Marta Varela, que propusieron invitados a esta institución a donde se está discutiendo el tema y queremos llegar a un consenso como país federal. La reglamentación del Ejecutivo adolece de especificaciones y pone el eje en cantidad de audiencia o rating, y no contempla reservar parte de la pauta para medios más chicos que tienen que crecer, mantenerse y desarrollarse para así garantizar la pluralidad”, sostuvo en diálogo con Tiempo Argentino.

La reglamentación de la Casa Rosada tampoco contempla la inclusión de los portales web en la ley de pymes periodísticas para que les cobren el mismo porcentaje de IVA que a los medios gráficos, una iniciativa que también salió del Senado esta semana. La Asociación de Periodismo Digital (APD) reclama que no los igualen a Google, Facebook y Twitter ya que argumentan que no son medios de comunicación, sino plataformas donde circula la información que otros producen. Según la información remitida por Jefatura de Gabinete de Ministros, la pauta oficial destinada al formato web fue de 35.062.014 de pesos, que representa un 4,37% del total. En este rubro, entre Google y Facebook concentran el 70% de los recursos otorgados, un monto de 24.686.350 pesos, lo que las ubicaría en sexto lugar en la distribución de pauta por grupos de medios.

Martín Becerra, doctor en Comunicación e investigador del CONICET, fue uno de los consultados por los senadores sobre el tema de su especialidad. En diálogo con este diario sostuvo que «el gasto que hizo Macri en Facebook y Google o productoras, que constituyen un conjunto de destinatarios que exceden a los medios tradicionales, tiene que ser contemplado al regular publicidad oficial». A su vez criticó la importancia que le dan los proyectos en danza a los criterios de rating al momento de asignar pauta. “En Argentina es insatisfactoria la medición de audiencia, ya que buena parte del territorio nacional no es medido. Sólo miden TV y radio en sus aparatos tradicionales en el Amba, Rosario y Córdoba. La Web no es medida. Premiar al rating se traduce en una distorsión del objetivo primigenio que tiene una campaña pública.»

El senador radical Juan Carlos Marino, autor de uno de los tres proyectos en danza, sostuvo que está dispuesto a unificar criterios con sus pares para que salga una sola iniciativa de la comisión.
Los tres proyectos coinciden en la creación de un el Registro Nacional de Publicidad Oficial que se encargue del tema y que brinde de manera sistemática un informe para que sea presentado en ambas Cámaras del Congreso y publicado en la página web de la Secretaría de Medios de Comunicación.

Para evitar que los empresarios vacíen medios exigen que cumplan con los requisitos legales respecto de las relaciones laborales «visada por el Ministerio de Trabajo» o que no registren deudas provisionales y/o tributarias.
La senadora Magdalena Orarda, del Frente Progresista, en su proyecto propuso que el 4% del presupuesto destinado a pauta se otorgue a «medios universitarios, comunitarios y de la sociedad civil con el objetivo de garantizar y promocionar la diversidad social y cultural».

También coinciden en tener en cuenta «el tiraje o visitas» o rating. Jaime Linares, del GEN, propone que la «medición y evaluación de impacto» se haga a través universidades públicas «para que midan en forma trimestral el índice de penetración de los medios de comunicación registrados, y que evalúen semestralmente la Publicidad Oficial realizada».

Si bien los criterios de rating, cumplimento de legalidad por parte de los empresarios de medios, creación de un ente regulador y fomento de medios sin fines de lucro están contemplados en la reglamentación que emitió el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, no tienen fuerza de ley.

«Pluralidad, en vez de concentración»

Trabajadores de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadicra) expresaron su repudio al criterio adoptado por el gobierno nacional en la distribución de la pauta publicitaria oficial durante la primera mitad del año. «Vemos que los recursos del Estado se destinan a los grandes grupos que monopolizan la prensa y las comunicaciones, y por ende la torta publicitaria privada; y se deja afuera a los medios que menos posibilidades tienen de afrontar la crítica situación económica que se vive». La Federación sostuvo que es necesario «cambiar rápidamente este criterio y favorecer la pluralidad de voces en lugar de la concentración de la información en pocas manos», luego de una reunión llevada a cabo el miércoles en Buenos Aires.

Desde Fadiccra se transmitió «la preocupación por la crítica situación de los medios cooperativos, pymes, familiares, comunitarios, que se ve agravada por la falta de respaldo estatal, en un contexto de crecimiento de la desocupación y retracción del consumo interno, más suba de costos y tarifazos, que han provocado pérdida de fuentes de trabajo, suspensiones, reducciones horarias y salariales».