En las últimas semanas comenzaron a sonar algunas alertas entre quienes siguen las causas por delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado. A una seguidilla de fallos de la Sala II de la Cámara de Casación que beneficiaron a represores condenados como Jorge “Tigre” Acosta, Santiago Omar Riveros y Miguel Etchecolatz, se sumó el intento de reapertura de la causa por el atentado en la Superintendencia de la Policía Federal por parte de la Sala I de la Cámara Federal.
Inmediatamente fueron repudiados por organismos de Derechos Humanos, familiares y sobrevivientes, quienes ven una avanzada de los sectores más reaccionarios del Poder Judicial, cercanos al macrismo, para reactivar la teoría de los dos demonios y deslegitimar los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia en la causa sobre la bomba colocada por Montoneros en 1976 fue la que más impactó. Impulsada por organizaciones de abogados de represores, busca reabrir una causa por delitos que ya fueron considerados prescriptos y que intenta equiparar los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado con los de una organización armada.
“Son hechos que no pueden ser clasificados como delitos de lesa humanidad, básicamente porque el derecho internacional no los consideraba así en el momento en que ocurrieron y porque quienes están sospechados de haber llevado adelante este hecho no tuvieron capacidad para evitar que la Justicia o el Estado lo investigase”, explicó en diálogo con Tiempo Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
A nivel judicial el caso ya estaba saldado, incluso había quedado firme en la Corte Suprema de Justicia. “Genera suspicacia que casualmente aparezcan estas decisiones judiciales en un escenario de surgimiento o de consolidación de espacios más asociados a una derecha antiderechos”, señaló Morales.
“Entendemos que este fallo se enmarca en una decisión política de un sector del Poder Judicial en connivencia de un sector político de la derecha, que impulsa esta vuelta a discutir lo sucedido en el pasado reciente, que impulsa el negacionismo, la banalización de los sitios de memoria y que ponen en duda la lucha del movimiento de Derechos Humanos”, expresó Charly Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S. Capital.
“Sin duda, es algo que vamos a tener que volver a discutir y debatir, y dar las batallas necesarias para llegar al definitivo Nunca Más”, añadió.
Norma Ríos, vicepresidenta de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), también advierte un avance de la derecha en estas decisiones, que “cada dos por tres tiene que recurrir a la teoría de los dos demonios, trayendo situaciones que presuntamente fueron actos de organizaciones armadas que no eran parte del Estado y que en todo caso el Estado debería haberlos detenido, juzgado y condenado en lugar de lo que sí hizo, que fue secuestrarlos, torturarlos, desaparecerlos”.
“Este avance de la derecha no es casual, tiene que ver con un momento de debilidad del gobierno y de la militancia. En épocas en que el pueblo estaba en la calle debieron estar muchos más disimulados y escondidos, pero hoy no tienen filtro”, analizó.
El fallo de la Cámara Federal fue el último de los mojones de un camino sinuoso que recorre en el último tiempo un sector judicial. En abril, los camaristas Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma de la Sala II de Casación revirtieron una decisión tomada por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y ordenaron darle la libertad condicional a Santiago Omar Riveros, exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo y el último de los jerarcas militares de la dictadura con vida. Riveros, quien fue condenado en casi una veintena de juicios, por ahora no saldrá en libertad ya que se encuentra detenido por el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa por apropiación de niños en el Hospital Militar de Campo de Mayo.
A comienzos de junio, la misma sala dejó al Tigre Acosta al borde de tener libertad condicional al considerar que se debe calcular su condena por la ley más benigna. Y esta semana le dieron prisión domiciliaria al exjefe de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, y a los altos oficiales de Inteligencia del Ejército Luis Firpo y Mario Ocampo, ambos condenados a perpetua en los juicios por la represión a la Contraofensiva de Montoneros y en prisión por haber estado prófugos o violado la domiciliaria.
El fallo a favor de Etchecolatz no se hará efectivo por ahora, ya que son varios los tribunales y juzgados que lo tienen detenido, pero sentó un antecedente para que su defensa pida el mismo beneficio en cada una de esas causas. Al igual que en el caso de Ocampo y de Firpo, el argumento fue el estado de salud de los condenados.
Aliados
Los nombres y afinidades políticas detrás de estas decisiones se repiten: Yacobucci regresó a la Cámara de Casación durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, pese a las advertencias de los organismos de Derechos Humanos sobre sus antecedentes en causas de lesa humanidad. A fines de 2008, había votado a favor del cese de la prisión preventiva para Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta, entre otros ex represores de la ESMA con el argumento de que habían pasado demasiado tiempo presos sin una condena. La apelación del fiscal Raúl Plee y la movilización de los organismos de Derechos Humanos lograron frenar aquella decisión.
Mahiques, como es sabido, es un activo integrante de la familia judicial que en 2015 pidió licencia en su juzgado para convertirse en ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.
El caso de Bertuzzi y Bruglia (ver pág. 5) es acaso uno de los más escandalosos del Poder Judicial, ya que ambos fueron designados por Macri en la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py por un mecanismo de traslado, sin rendir examen ni obtener acuerdo del Senado, y hoy continúan en funciones pese a un fallo de la Corte que dispuso la nulidad de su nombramiento. El tercer autor del fallo que resucitó la teoría de los dos demonios para ir contra Montoneros es Llorens, denunciado por dos presuntas visitas a Mauricio Macri en la casa de gobierno y la Quinta de Olivos.
Tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como la subsecretaría bonaerense manifestaron su preocupación por el incremento de estos beneficios para condenados e investigados y reclamaron rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir.
Para Morales, del Cels, se trata de un efecto vinculado con el avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que ya se acerca a los 20 años de juicios, y la edad de los represores. “Es algo que venimos arrastrando ya en los últimos cinco o seis años”, explicó.
Según los datos del Ministerio Publico Fiscal, de las 2263 personas que se encuentran siendo investigadas o ya fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad, tan solo 750 se encuentran con algún tipo de detención, apenas un tercio, mientras que el resto está en libertad. Y de esas personas detenidas, solo 185 están en alguna cárcel del servicio penitenciario, todos los demás están en sus casas. También señala la Procuración que a partir de 2016 las prisiones domiciliarias comenzaron a superar en proporción a las detenciones en cárceles.
Los fallos que benefician con prisión domiciliaria a represores se producen de manera sistemática desde 2016. Un “2 por 1 por goteo”, describió Pisoni al señalar que se comenzó a aplicar de manera masiva después de que la Corte Suprema de Justicia tuviera que dar marcha atrás con el fallo que reducía las condenas. «
Argumentos contra la domiciliaria
Para el dirigente de HIJOS Charly Pisoni, la prisión domiciliaria “es un beneficio que no se debería otorgar a quienes han estado 30 años impunes, sin haber sido juzgados ni castigados y teniendo los privilegios que otros presos comunes no tienen”. “Hay genocidas que están en prisiones vip, como la de Campo de Mayo, e incluso tienen unidades médicas de alta complejidad. Entonces, entendemos que están dadas las condiciones para que continúen cumpliendo la pena impuesta en cárceles comunes. Lo venimos diciendo desde siempre: el único lugar para un genocida es la cárcel común”, sostuvo.
“Es necesario que se cumpla la cárcel común, perpetua y efectiva, que es una de nuestras consignas. El cumplimiento de sus condenas nos va a permitir lograr una sociedad que, recordando y haciendo justicia por el pasado, pueda pensar este presente con vías a un futuro distinto al que nos tenían preparado todos estos personajes que cometieron ese genocidio”, consideró Norma Ríos, de la APDH.
“Los jueces no nos defienden a nosotros, defienden a estos ‘viejitos’, que ya están de 80 años para arriba, pero no piensan en lo que hicieron, en lo que nos hicieron. ‘Viejitos’, las pelotas. No se justifica lo que están haciendo. Se ha hecho un juicio y se le ha dado la condena, la mayoría tiene perpetua, ¿por qué ahora los quieren dejar en libertad? ¿Qué justicia tenemos? ¿Para qué hacemos los juicios?”, se preguntó Iris Pereyra de Avellaneda, titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
El miércoles, la Liga realizó una movilización contra la libertad condicional que recibió Riveros, condenado entre otros delitos por el brutal asesinato del hijo de Iris Pereyra, Floreal “El Negrito” Avellaneda. “Vamos a seguir peleando y viviremos en la calle. Es una vergüenza que a 46 años del golpe de Estado tengamos que estar todavía pendientes de ellos, si salen, si no salen, eso no es vida”, añadió Iris.
