Dos días antes de que tomara la decisión de detener al ex vicepresidente Amado Boudou, el juez federal Ariel Lijo fue denunciado por dos organizaciones macristas por cajonear causas judiciales.
El miércoles, las organizaciones Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las mismas que denunciaron a la procuradora Alejandra Gils Carbó, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a Lijo por demoras injustificables en investigaciones por corrupción.
Existe una demora excesiva en la tramitación de causas que, de ser confirmadas, afectarían el debido proceso. Existen muchas causas que llevan años de haber sido iniciadas, cuentan con el requerimiento del fiscal y permanecen en trámite, sin siquiera haberse ordenado la declaración indagatoria de las personas formalmente imputadas», sostuvieron las organizaciones de abogados cercanas al gobierno nacional.
La decisión de Lijo parece una reacción a la denuncia en su contra: tras muchos años de inactividad, el juez ordenó la detención del ex vicepresidente en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que comenzó en 2009.
La ONG Será Justicia y el Colegio de Abogados de la calle Montevideo comparten miembros e intereses. Ambas están integradas por abogados de grandes empresas multinacionales, con historial de defender los crímenes de la última dictadura y con aceitados vínculos con el gobierno nacional a través del Ministro de Justicia, Germán Garavano.
También en tándem, las dos organizaciones pidieron la inconstitucionalidad de la remoción por juicio político a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, lo que finalmente forzó su salida ya que le abrió la puerta al macrismo para poder echarla por decreto.
