Al filo del horario límite, Felipe Solá (Frente Renovador) se sentó en su banca y habilitó el debate sobre la denominada Ley de Responsabilidad Penal Empresarial en la Cámara de Diputados, que finalmente aprobó en general el proyecto oficialista.

La sesión estuvo al borde de fracasar por la negativa de distintos bloques opositores a convalidar la discusión, luego de que el oficialismo introdujera en la norma un artículo que legisladores de distintos colores políticos consideran “hecho a medida” de las empresas que pagaron coimas. 

Se trata del artículo 37, que establece una vía administrativa para que las empresas alcanzadas “por hechos anteriores a la presente ley” puedan ofrecer información, sorteando el impedimento de que toda ley penal no es retroactiva. Como adelantó Tiempo Argentino en su edición del pasado 10 de junio, la inclusión de esa cláusula forma parte de un plan oficial para hacer zafar a las empresas que pagaron coimas. Tal fue el problema por determinados artículos, que la sesión se pasó a cuarto intermedio después de que fuera rechazado el primer artículo, en la votación particular.

La ley vigente en la Argentina equipara la responsabilidad del que paga con el que recibe. O sea: si un ejecutivo confiesa el pago de coimas, se lo juzga del mismo modo que al funcionario que corrompió. La «fórmula administrativa» ideada por el gobierno permitiría «indultar» a los empresarios y focalizar en los receptores de los sobornos. Esa ecuación favorecería al gobierno por partida doble. Odebrecht admitió haber pagado coimas entre 2008 y 2014, es decir, durante la gestión K. Si Odebrecht mantiene el libreto, es probable que los nombres que surjan de su eventual delación embarre a funcionarios kirchneristas en plena campaña electoral. Por otro lado, la adenda ideada por el Ejecutivo pondrá a salvo a los pagadores, entre los que hay, según las investigaciones en marcha, varios empresarios cercanos al presidente Mauricio Macri.

Por esas características, entre los diputados se bautizó a la norma como la Ley Angelo, porque uno de los beneficiarios directos sería Angelo Calcaterra, el primo presidencial. En rigor, el favorecido sería Iecsa, la firma que perteneció al Grupo Socma, pero que hoy posee Marcelo Mindlin, uno de los empresarios favoritos del presidente. Iecsa fue socio de Odebrecht en varios consorcios, entre ellos el que se adjudicó el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

El propio Macri ordenó sostener ese emprendimiento en manos de Iecsa aun después de que el escándalo de coimas estallara en Brasil. La «cláusula transitoria» permitiría poner a resguardo ese y otros negocios de Iecsa ante una eventual confesión de sobornos. No es el único grupo empresario que gozaría del beneficio. La norma también favorecería a otras empresas locales y transnacionales que cedieron altos ejecutovos al Gobierno del PRO.

La maniobra del oficialismo se inscribe en la pretensión oficial de controlar los daños que puede infringir al macrismo el desarrollo del caso Odebrecht. Los avances judiciales dan muestras de ese riesgo. Hace tres semanas la justicia allanó dos veces a Iecsa SA. Un procedimiento fue ordenado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en la que investiga coimas en la adjudicación del soterramiento del tren Sarmiento. La medida se extendió también a la española Comsa y a la italiana Ghella, que conformaban junto a Iecsa y Odebrecht la unión de empresas que obtuvo la obra. Luego fue el turno del allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, en la causa por lavado de dinero que tiene como acusado estrella al empresario Lázaro Báez.

El caso que instruye Casanello es un buen ejemplo de la transversalidad política argentina en materia de corrupción. El magistrado considera probado que Iecsa era cliente de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», la misma en la que operaba Lázaro Báez. Iecsa junto con Austral, la china Synohydro Corporation, Esuco SA y Chediak se asociaron para presentarse –sin éxito–a la licitación de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cipernic. Báez alegó que la inyección de dinero de la financiera Helvetic Service Group obedeció a esa compulsa. El fiscal Guillermo Marijuan sostiene que fue una maniobra de lavado vehiculizada a través de SGI, la financiera donde la Justicia halló un legajo de cliente de Iecsa.

Según escribió Casanello en el expediente, «para esas fechas en que las constancias muestran a Iecsa efectuando la presentación para constituirse como cliente de SGI, y así, comenzar a operar, la financiera ya era propiedad de Helvetic y era controlada por Lázaro Báez». En la misma causa, el juez sostiene que una de las piezas clave de la telaraña de empresas offshore que triangularon fondos de Báez a través de «La Rosadita» fue Teegan Inc., creada en Bélice, pero manejada desde Panamá.

Teegan Inc. operaba con una cuenta en el Credicorp Bank. La implicación de esa entidad es parte del juego de espejos que preocupa al gobierno: según se descubrió en el Lava Jato, Credicorp manejó al menos 300 de los 788 millones de dólares que confesó haber pagado Odebrecht. Credicorp tiene su edificio central en la Calle 50 del Barrio de Bella Vista, en la Ciudad de Panamá. En el séptimo piso de ese edificio tiene sus oficinas la filial caribeña de Techint SA, la firma más poderosa del país.

La firma que conduce Paolo Rocca conformó sociedades con Odebrecht en Argentina, México y Brasil, donde investigan a Techint en el marco del Lava Jato. La PROCELAC solicitó a la justicia federal argentina que abra un expediente para investigar una posible pata local del escándalo destapado en Brasil. La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, Paloma Ochoa, impulsó la acción penal para investigar si los representantes de la empresa Techint Ingeniería y Construcción, integrante del Grupo Techint, a través de su filial en Brasil Engenharia Construcoes (TEBRA), sobornaron entre 2009 y 2014 al presidente de la empresa de energía atómica Eletronuclear para obtener un contrato.

De todos modos, si prospera la norma que hoy empezó a tratar el Congreso, la firma tendrá herramientas legales que le permitirían zafar de la acción penal a un módico precio: el artículo 20 de la ley que impulsa el Gobierno prevé que si se llegara a un “acuerdo de colaboración eficaz” entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa, su acto podría saldarse con reintegros por el valor del 0,1 % de los ingresos brutos anuales de la firma. Un vuelto.

“El caso Odebrecht los llena de mierda” 

Fiel a su estilo pendenciero, un tuit de Eduardo Amadeo puso en riesgo el inicio de la sesión. Mientras su bloque negociaba el quórum con el Frente Renovador, el legislador macrista buscó dejar en offside a la oposición: “¿Por qué el massismo y el kirchnerismo no nos dan número para votar la ley contra empresarios corruptos?”, chicanéo Amadeo en su cuenta, y agregó: “Otra vez los K y el Frente Renovador se juntan para que no podamos votar la ley penal contra empresarios corruptos. ¿Por qué será?”. 

La provocación de Amadeo -barra brava del oficialismo en las redes- irritó a Graciela Camaño, quien presentó una cuestión de privilegio contra el diputado y lo exhortó a eliminar el tuit. “¡No quieren una ley! ¡Quieren buscarle una salida a los empresarios corruptos!”, le reprochó. Y concluyó: “El caso Odebrecht los llena de mierda a todos”.