En un cuestionado fallo, la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón resolvió beneficiar al cura Julio César Grassi con la denominada Ley del “2 x 1”. Si bien la medida fue adoptada el 25 de octubre, la querella y la fiscalía fueron notificados el lunes y ya adelantaron que la impugnarán. 

Juan Pablo Gallego, el abogado del Comité Argentino de Seguimiento del Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, en diálogo con Tiempo remarcó que apelará la medida ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires basándose en los “sólidos” argumentos del juez camarista Diego Grau quien votó en disidencia frente a sus colegas Fabián Cardoso y Elizabet Fernández.

El 21 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dejado firme la sentencia de 15 años de prisión contra Grassi por los delitos de abuso y corrupción de menores agravado. Luego, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón hizo lugar a una medida planteada por la defensa y benefició al ex titular de la Fudanción Felices los Niños con el “2 x 1”. Ahora, la Sala I de la Cámara convalidó esa resolución.

“Huelga decir que -a modo demostrativo de esa contradicción e irracionabilidad de los alcances que se le otorgan a la normativa en cuestión- afirmar que la prisión que aquí se analiza, ordenada luego de una condena confirmada por dos instancias deba ser beneficiada con un cómputo de pena privilegiado, cuando la norma que lo reglamentó intentó resolver un problema distinto, es violatorio al principio de identidad”, explicó en disidencia Grau.

“Contando -continuó en otro tramo el magistrado disidente- con dos confirmaciones de Tribunales superiores ya no estamos hablando de una demora en la investigación, o en el dictado de la sentencia, sino en el tránsito de un proceso recursivo extraordinario que, a la postre inoficioso, se presente contemporáneamente como la forma de entregar el reaseguro del derecho al recurso -indudablemente legítimo-”. Dicho de otra manera, los constantes planteos de la defensa desde el mismo nacimiento del expediente judicial, hace aproximadamente dos décadas atrás, provocaron infinitas tardanzas en el tiempo que exceden el habitual trabajo de la justicia. 

Según se desprende del fallo, este beneficio sólo reducirá la pena en un año y nueve meses por lo que Grassi recién volverá a recuperar su libertad el 7 de agosto de 2026. Sin embargo, Gallego intentará revocarlo ya que entiende que detrás de esta estrategia se esconde “una maniobra para dejar en libertad a esta persona nefasta y peligrosa. Se trata de la misma defensa que logró que los culpables por el asesinato de José Luis Cabezas ya estén en la calle”.

Gallego precisó que tras el fallo de la Corte que dejó firme la condena al cura, el máximo tribunal se pronunció “en contra de la aplicación de este beneficio que responde a una ley derogada. Incluso, después se reglamentó que de ningún modo podía aplicarse a favor de reclusos con condena firme como es el caso de Grassi”.

Más asuntos pendientes

En noviembre del año pasado, el cura fue condenado a casi tres años de prisión por haber desviado fondos de la Fundación Felices Los Niños para gastos propios como el alquiler de la denominada casaquinta La Blanquinta, que se había convertido en su base de operaciones desde que tuvo que abandonar la fundación.

En algún momento, Grassi deberá enfrentar otro juicio similar por haber desviado donaciones de la fundación que fueron llevados a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana donde el cura cumple condena. A cambio, el imputado tenía un mejor pasar tras las rejas. 

Además, “tiene una cuarta causa de la que no se habla tanto pero que no está cerrada sobre un supuesto abuso de menores en El Calafate, localidad que frecuentaba porque tenía una suerte de subsede allí”, continuó Gallego.

Intervención de la Fundación

Este año el gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió remover a Juan Manuel Casolati que estaba a cargo de la fundación desde fines de 2014. El ministerio de Justicia intervino la institución argumentado serias irregularidades en su administración y resolvió liquidar sus bienes. Casolati denunció abiertamente que desde La Plata buscaban hacerse de las estratégicas 70 hectáreas que ocupa el predio para realizar allí un negocio inmobiliario. A instancias de Casolati, hace unos días atrás la justicia suspendió la “intervención liquidadora” y la reemplazó por una “administradora”.

Al respecto, Gallego opinó: “Creo que a veces lo que nace mal sigue en ese rumbo. No conozco esa Fundación. Me han invitado pero me da asco por lo que ha ocurrido y ser la escena del crimen. La política global de encerrar a chicos unos arriba de otros no es la modalidad que el Comité tiene en la mira”.

“Ojalá el Estado pueda reorientar y racionalizar la tarea allí. Tengamos en cuenta que esta macroinstitución fue armada por este sujeto con enormes fondos proveídos en la época del menemismo. Sería excelente que conserve un destino que tenga que ver con la protección de los niños. Pero creo que hay que repensar cómo algo tan astronómico que fue armado evidentemente con intenciones de saqueos económicos y violación de menores puede redimensionarse a algo lógico”, analizó.