La semana que pasó, con sus terremotos judiciales, profundizó hasta un punto desconocido la fractura social y política que divide a los sectores más informados de la sociedad. Mientras los simpatizantes del gobierno vivieron como una cruzada épica las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou, en el kirchnerismo como la fuerza de oposición más nítida- la reacción fue totalmente opuesta. Lo que prima en la dirigencia kirchnerista es la íntima convicción de que el Poder Judicial y la Casa Rosada han resuelto avanzar en una suerte de cruzada moralizadora contra el populismo -un Lava Jato a la argentina- que busca reducir la experiencia política 2003/2015 a un mero hecho delictivo. Especialistas jurídicos vinculados a Unidad Ciudadana, pero también al conglomerado amplio del justicialismo, advierten que la metodología para ahondar en el intento de aislamiento y proscripción moral de todo lo K se basa en la articulación entre lo judicial y lo mediático: tiene su herramienta jurídica en la aplicación extensiva de la prisión preventiva en casos en los que no hay ni procesamiento ni condena. Para el kirchnerismo, el escenario configura una erosión progresiva del Estado de Derecho sin garantías para la defensa ni el respeto al debido proceso. ¿Qué hacer entonces? La primera decisión será denunciar en los foros internacionales, en los organismos hemisféricos como la Comisión Interamericana de DDHH, que en la Argentina hay persecución política.
Abogada defensora de Cristina Fernández en la causa iniciada contra la ex presidenta por supuesta traición a la patria, en tándem con Alejandro Rúa, Graciana Peñafort descree de los argumentos esgrimidos por la Sala II y Lijo para ordenar prisiones preventivas. Todas las causas que están investigando son de larga data. Son ex funcionarios del anterior gobierno, ya no tienen ningún poder. Ellos tienen que explicar cómo los contactos que pudieran tener pueden entorpecer causas que llevan muchos años y en las que la documental está en manos del juzgado. En el caso de Lijo, no olvidemos que él también tiene la causa de Correo Argentino, en la que se investiga si el presidente Macri utilizó al Estado para condonarle una deuda a su familia. Si Boudou, que hoy no tiene ningún poder, es un peligro para el avance de la investigación, imagínese Macri. Todo esto se abre al absurdo, fundamentó.
En el kirchnerismo esperan que en esta semana se produzca un nuevo capítulo agitado de la ofensiva judicial. Se preparan para recibir novedades en la causa por traición a la patria, a cargo de Bonadío. En el ámbito K consideran probada la falta de imparcialidad del magistrado: a pesar de la grave enfermedad del ex canciller Héctor Timerman, quien había pedido adelantar su indagatoria, Bonadio lo obligó a declarar pocos días antes de las elecciones y en peores condiciones de salud. Cerca de CFK -quien viajó a Calafate el mismo día en que se conoció la confirmación del procesamiento y el embargo dictado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa que investiga el supuesto direccionamiento de obras públicas al empresario Lázaro Báez – dicen entender y procesar con comprensión algunos reproches que reclaman a la ex Jefa de Estado un pronunciamiento a favor de sus ex funcionarios. El problema es que estos compañeros creen que Cristina todavía está en el poder, dicen pero evitan cargar las tintas.
Los expertos en Derecho asociados al peronismo que siguen con detalle la más reciente saga de detenciones un raid que comenzó con Roberto Baratta y siguió con el desafuero y detención inmediata de De Vido y el encarcelamiento más reciente de Boudou- aseguran que el cimiento jurídico de toda esta serie de episodios se puede ubicar en el voto que redactó el camarista Martín Irurzun, hombre fuerte de la Sala II de la Cámara Federal, y de muy buena relación con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En ese planteo, Irurzun justificó su orden de detener a De Vido pese a que la investigación está en curso y no hay sentencia en que por su condición de diputado (aunque ya le quitaron los fueros) su libertad constituía un riesgo para el proceso porque si se mantenía libre tendría las oportunidades y los medios para influir sobre terceros. El otro camarista histórico de la sala II, Eduardo Farah, no acordó con este planteo, de encarcelar al imputado a pesar de que no haber sido condenado ni haber exhibido disposición a fugarse. El desempate, se sabe, llegó con un subrogante, Leopoldo Bruglia. El tercero que reemplaza a Horacio Cattani- se plegó a los argumentos de Irurzun. «
