Apenas terminó de exponer sus argumentos, el juez federal Daniel Rafecas recibió la pregunta del senador radical y consejero de la magistratura Ángel Rozas.
¿Reconoce usted que recibió en su público despacho, en una reunión privada, a los representantes de la DAIA, quienes no eran parte en el expediente?
Rafecas explicó su larga vinculación con la defensa de la memoria del pueblo judío ante el Holocausto. Recordó que recorrió el país dando charlas acompañado por la DAIA. Y consideró apropiada la invitación para explicar por qué iba a desestimar la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman contra el anterior gobierno por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de volar la AMIA. Pero Rozas insistió en que había convocado a la dirigencia comunitaria que no era parte en el expediente.
Resulta curioso que un sector del Consejo de la Magistratura se apreste a utilizar ese argumento para guillotinar a Rafecas, cuando justamente la aceptación de la representación judía como parte en el expediente en la Cámara de Casación Penal (cuando la denuncia de Nisman había sido dos veces descartada) fue lo que permitió la reapertura del expediente. Es ese mismo expediente en el que hoy otro juez federal, Claudio Bonadio, ordenó la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
La paradoja evidente de un juez que corre riesgo de ser removido de su cargo por una gentileza que merece el aplauso más que el reproche fue una de las notas salientes de la larga comparencia de Rafecas ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo.
Lejos de haber afectado el decoro con este acto, estoy convencido de haberlo realzado, a partir de tratarse de una reunión que juzgué ineludible e irreprochable, y que conduje por los canales del respeto y la corrección, exactamente igual que otras miles de audiencias que he llevado adelante a diario en mi despacho o en otras dependencias del Tribunal a mi cargo, en el marco de las causas en trámite, sin que nadie jamás le haya asignado a una de ellas el tenor malicioso e indecoroso, sostuvo Rafecas.
El juez se fue satisfecho. Está convencido de haber convencido. Uno de sus argumentos centrales es que se lo está juzgando por el contenido de su sentencia, que desestimó la denuncia de Nisman. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tienen larga jurisprudencia que sostiene que un juez no puede ser sancionado por lo que dicen sus fallos.
Aquella decisión no fue arbitraria. La respaldaron, entre otros, juristas de la talla de Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián y Raúl Zaffaroni. Y la criticaron otros, es cierto. Pero en todo caso, la sola existencia de un debate demuestra que no hay arbitrariedad sino miradas, enfoques e interpretaciones diversas.
Rafecas está acusado por una supuesta intimidación en el transcurso de una comunicación telefónica de una voz femenina que se entrometió en una áspera conversación con el hoy diputado de Cambiemos Waldo Wolff. El juez fue sobreseído en esa causa, pero no obstante el
Consejo evalúa mandarlo a Jury pese a haber sido declarado inocente en el proceso penal.
También está cuestionado por supuestamente haber dicho en presencia de tres dirigentes de la AMIA-DAIA, en aquella reunión privada, que Nisman tenía problemas psiquiátricos. Rafecas niega rotundamente ese hecho, pero los otros tres concurrentes a una reunión en la que
estuvieron sólo cuatro personas (los tres dirigentes judíos y el magistrado) coincidieron en que el comentario existió. ¿Cuándo lo dijeron? Rafecas explicó que fue un año y medio después del
encuentro. En los días y semanas inmediatamente posteriores, nada.
El otro dato medular es que aún quienes criticaron y revocaron las decisiones de Rafecas no hallaron razones para promover su juicio político. La Casación reabrió la causa que él había cerrado, y en esa inmejorable oportunidad para cuestionar su accionar, no formuló
reproche alguno sobre su conducta.
Sin embargo Rafecas afronta hoy un juicio político que parece tener más que ver con una antipatía personal que con un verdadero cuestionamiento a su conducta. Traducido: echar a un juez porque no me gusta. Cuando se habla de arbitrariedad, he allí un buen ejemplo.
La decisión a que dé lugar este procedimiento disciplinario debería adoptarse con la suma prudencia de evaluar sus necesarias implicancias para el sistema de administración de Justicia, pues inevitablemente proyectará un mensaje para todos los Magistrados sujetos al control disciplinario de este Consejo y afectará, en la medida de su decisión, a todo el sistema de administración de Justicia Nacional y Federal, resumió el juez en su defensa.