El juez federal Daniel Rafecas archivó este jueves la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, al considerar que no se constató ningún delito y que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia la puesta en funcionamiento de la obra, informaron fuentes judiciales.
El magistrado tomó la decisión luego de escuchar testimonios de expertos en extracción y transporte de gas y del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en cuyas declaraciones públicas y comentarios ‘off the record’ se habían basado las denuncias de dirigentes opositores que hablaban de supuesta corrupción alrededor de la licitación.
El juez Rafecas aseguró en su fallo que todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos, y concluyó que la justicia federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal, añadieron los portavoces.
Las denuncias formuladas por abogados particulares y dirigentes opositores indicaban un supuesto direccionamiento de la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, para su construcción desde el yacimiento Vaca Muerta, en favor de la empresa multinacional Techint y en detrimento de compañías nacionales.
Tras reunir documentación sobre la licitación y consultar con expertos en la materia, el juez concluyó que «sólo queda disponer el archivo de estas actuaciones, sin dejar de mencionar, que este Tribunal ha actuado con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión», según surge del fallo de 222 páginas al que accedió Télam.
«Como representante del Poder Judicial de la Nación en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional (debido a la sustitución de importaciones de gas)», remarcó.
Antes de decidir el archivo de las actuaciones que habían sido impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli, Rafecas le tomó testimonio a Kulfas, y al exdirector de la Unidad Ejecutora del gasoducto, Antonio Pronsato, y realizó dos audiencias testimoniales grupales: una con expertos en extracción de gas y otra, el miércoles, con especialistas en transporte de esa sustancia.
Los testimonios que terminaron de definir la suerte del expediente fueron los del miércoles, cuando representantes de las empresas transportadoras de gas TGS y TGN, la facultad de ingeniería y el Enargas coincidieron en que las especificaciones técnicas de cañerías de la licitación cuestionada son correctos, adecuados, y los más eficientes en términos de costo/beneficio, según indicaron fuentes del caso.
«Todas las denuncias que se presentaron en el fuero a partir del texto ‘off the record’ del exministro Kulfas pedían básicamente lo mismo: que la Justicia, fundadamente, confirmara o descartara las fuertes aseveraciones que el nombrado había ventilado en ese texto», recordó Rafecas.
El ‘off the record’ que se hizo público señalaba que funcionarios vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner «fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint».
Ese mensaje en off salió como respuesta a una crítica pública que la vicepresidenta había hecho en un acto por los 100 años de YPF, donde reclamó que Techint trasladara parte de su producción a la Argentina para que se utilizaran insumos nacionales.
En declaraciones públicas, también, Kulfas le había respondido que «si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la secretaría de Energía, responden políticamente a la vicepresidenta».
Al impulsar la investigación, el fiscal Stornelli había reclamado que se investiguen tres hechos: 1) el posible direccionamiento de la licitación de tuberías en favor de la firma Techint; 2) la asignación de la licitación de válvulas a una empresa extranjera incumpliendo la Ley de Compre Nacional; 3) supuestas presiones o gestiones de lobby para que acceda al negocio la firma «CPC» de Cristóbal López.
«Pues bien: tras un exhaustivo análisis de los expedientes licitatorios, la documentación anexa, los testimonios recogidos, y la palabra de los idóneos y expertos en materia gasífera, las tres hipótesis han quedado descartadas», concluyó Rafecas.
La causa se inició a partir de tres denuncias presentadas en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro: dos fueron de abogados particulares y una de los diputados nacionales opositores de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff.
