El juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó la recusación planteada en su contra por la familia de Santiago Maldonado, con lo cual será la Cámara Federal de Chubut, con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la que deberá determinar si el magistrado debe apartarse o continuar al frente de los expedientes que buscan dar con el paradero del joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado.

“El querellante confunde el objeto procesal de esta investigación, que está pura y exclusivamente encaminada a establecer si Santiago Maldonado ha sido víctima del delito de desaparición forzada de personas”, señaló el juez en su resolución, difundida esta tarde por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Ayer, la familia del joven desaparecido había pedido el apartamiento del juez Otranto ante el «nulo avance» de la causa, y resaltó la necesidad de «acumular las causas donde tramita la desaparición forzada de persona de Santiago, para evitar más dilaciones y desvíos en la investigación sobre su paradero actual».

En la presentación, realizada por la abogada Verónica Heredia, la familia requirió además la intervención de un nuevo magistrado «imparcial y eficiente en la tarea a su cargo».

En su respuesta de hoy, Otranto defendió su labor al destacar la “innumerable cantidad de medidas de prueba” que ordenó en el marco de la investigación y destacó que esas decisiones “no hablan de una postura parcial sobre la existencia del hecho”.

Señaló asimismo que la decisión de convocar a efectivos de la Gendarmería para declarar ante su juzgado esta semana en condición de testigos “no permite suponer que tenga una posición predeterminada sobre la responsabilidad de esa fuerza en el hecho” sino que, “por el contrario, responde a la valoración del resultado de las medidas de prueba que se han realizado”.

Otranto aclaró además que la decisión de suspender las declaraciones testimoniales previstas para esta semana de tres personas de la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen y recibir en cambio las de los gendarmes se debe a que esas personas “ya habían faltado a las audiencias del día anterior y no existía seguridad” de que se presentaran esta semana.

En su dictamen, el juez Otranto detalló que la familia Maldonado solicitó su apartamiento ante el “temor de parcialidad” y que el cuestionamiento parte de que la investigación “debería alcanzar también a los hechos que dieron origen al accionar de Gendarmería que finalizó –en palabras de la querella- con la desaparición de Santiago Maldonado”.

Para el juez de Esquel, “no está suficientemente objetivado el temor de parcialidad que invocó el querellante particular», pues su intervención en el expediente «no me ha hecho tomar una postura preconcebida acerca del objeto procesal de esta investigación, esto es, si efectivamente el día 1 de agosto Santiago Maldonado fue detenido por Gendarmería Nacional”.

Ante los cuestionamientos de los Maldonado, el magistrado consideró que “no tiene la más mínima relevancia a fin de establecer si se cometió ese delito que el procedimiento que realizó Gendarmería Nacional el 1 de agosto haya estado comprendido en la orden judicial que dicté el día anterior o si, por el contrario, fue realizado por orden de la superioridad de la fuerza en cumplimiento de directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“El análisis sobre la legitimidad y el alcance de la orden judicial que parece querer proponer el querellante –a partir de lo cual entiende que debo apartarme de la investigación- no influye en la comprobación de las circunstancias que sucedieron” en el Pu Lof de Cushamen, indica el texto.

Al referirse al contacto que mantuvo con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, cuestionado por la familia Maldonado, Otranto indicó que “no forma parte del objeto de esta investigación la decisión política de instruir a las fuerzas de seguridad para que actúen en cumplimiento de sus facultades legales ante episodios de ese tenor, ya que no es una circunstancia que incida en la comprobación de que en ese contexto Maldonado ha sido víctima o no de desaparición forzada de personas”.