El presidente de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, recibió un nuevo cuestionamiento de uno de sus pares por sus reuniones con el ex presidente Mauricio Macri en Casa de Gobierno en días previos a intervenir en causas en las que está procesada la hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, confirmando esa situación y multimillonarios embargos en su contra.

Esta vez fue la jueza Angela Ledesma, quien integra ese mismo tribunal de Casación, quien mediante una nota oficial le advirtió a Hornos que aquellas reuniones reservadas que mantuvo con Macri durante su presidencia “instalan irremediablemente un manto de duda con relación a principios básicos de la ética judicial, como la imparcialidad, la independencia, la responsabilidad institucional, la integridad, la transparencia y la prudencia”. Ese “manto de duda” -añade la misiva – “no sólo incide en su figura como juez sino también en la institución que representa, con un daño en la confianza social imposible de mensurar”.

El pronunciamiento de Ledesma sucede al que la semana pasada emitió la Sala Segunda de la Cámara de Casación, que le recordó a Hornos que “un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre a los ojos de un observador razonable”.

Hornos quedó en el centro de una áspera polémica interna cuando trascendieron registros oficiales de al menos seis visitas que realizó a la Casa Rosada para reunirse con Macri, mientras al mismo tiempo le tocaba intervenir en causas que tenían como principal imputada a la principal adversaria política del gobierno de Cambiemos. El camarista no sólo no se excusó, sino que intervino en esos expedientes, avaló los procesamientos y otras medidas contra CFK y mantuvo bajo reserva, incluso ante sus pares, esos encuentros con el entonces jefe del Estado.

Cuando los otros jueces de la Casación lo convocaron para que diera explicaciones sobre sus conductas, Hornos explicó que tenía una relación personal de antigua data con Macri, que se reunía con él para analizar situaciones generales del funcionamiento del Poder Judicial pero aseguró que jamás habían hablado de una causa específica que estuviera en trámite.

“Las explicaciones brindadas me generan una gran preocupación, no sólo por ser juez del más alto tribunal penal del país, sino en particular por la representación del Cuerpo que ejerce este año”, le reprochó la jueza Ledesma.

En ese contexto, le subrayó que, tal como lo sostiene el Código Iberoamericano de Ética Judicial, la independencia de los jueces tiene por objetivo “garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales”.

“El juez independiente es aquel que determina desde el derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo. (…) El juez tiene el deber de promover en la sociedad una actitud, racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la administración de justicia”, añadió Ledesma.

La Sala Dos, en un documento suscripto por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci (de extracciones y pensamientos muy diversos entre sí) había alertado la semana pasada que “resulta imposible ignorar la responsabilidad intrínseca en la representación y conducción de un cuerpo colegiado -que maximiza la obligación de mantener una conducta irreprochable- habida cuenta que cualquier acto podría repercutir en la percepción sobre la propia Cámara y el resto de los jueces”.

El tribunal le refrescó los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial”, emitidos en 2006 por el Consejo Económico y Social de la ONU, que impone a los jueces que estén “libres de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas”.