Juan Carlos Blander, el jefe de la patota que contrató Mariano Martínez Rojas para copar y destruir las instalaciones donde funcionaban Radio América y Tiempo Argentino, ratificó en su indagatoria frente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que el plan delictivo había sido urdido una semana antes de ese 4 de julio de 2016 con la venia de la Policía, una maniobra que los trabajadores de prensa habían denunciado.

Después de dos años de dilación judicial Blander dio su versión de los hechos. Reconoció haber sido él quien agrupó a los integrantes de la banda y quien le pasó el contacto a Martínez Rojas del cerrajero con el que forzaron el ingreso al edificio de Amenábar 23, de Colegiales. Pero lo más impactante de su declaración fue el momento en el que involucró en el ardid al comisario Jorge Azzolina, entonces a cargo de la seccional 31 de Palermo.

«Mi nombre es Martínez Rojas y hablo de parte del comisario Azzolina. Necesito un trabajo de serenos en un edificio, porque lo tengo que entregar y lo tengo tomado. Tengo el permiso de la fiscalía para abrirlo con el cerrajero», declaró Blander según su testimonio judicial en el primer contacto telefónico con el estafador correntino, que unos meses antes se había presentado ante los trabajadores como el nuevo dueño del diario y la radio. Para ese 4 julio, sin embargo, ya se había comprobado que era parte de la misma estrategia vaciadora de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

Al parecer, Blander tomó sus precauciones y le pidió a Martínez Rojas diez minutos para chequear la información. Es que, según aseguró, al comisario Azzolina ya lo conocía de mucho antes porque tenía la misma jurisdicción que el Hipódromo de Palermo, donde a través de la empresa All Acces estaba a cargo de la seguridad privada del lugar.

«Azzolina me dijo que Martínez Rojas necesitaba custodia para ir al edificio con la policía y cuidar el edificio, pero la policía no podía cuidarlo», añadió en Comodoro Py.

Siempre según la hipótesis del imputado, unas horas después se reunió con el correntino en el edificio Renault de Figueroa Acorta. Sobre un escritorio vio papeles que parecían de una fiscalía y eso le bastó para creer que la maniobra era lícita. Entonces, avanzó con las condiciones del trabajo: el supuesto empresario le dijo que necesitaba entre diez y 15 personas y a modo de adelanto le dio 10 mil pesos en efectivo y un cheque de 30 mil, que nunca habría cobrado porque fue rechazado por el banco.

Blander aclaró que cuando llegó al edificio se encontró con el cerrajero, cuyo contacto él mismo había facilitado, y con un patrullero de la Comisaría 31. Según agregó, observó el momento en el que los oficiales leían un presunto escrito judicial que avalaba el procedimiento. Claro que ese documento era apócrifo y la policía debía saberlo, puesto que la notificación tendría que haber sido directamente a ellos desde la fiscalía y con presencia de personal de esta.

«Esto prueba el rol de la policía en el ataque y exigiremos que de una vez se investigue su participación», aseguró María del Carmen Verdú, referente de la Correpi y abogada de la cooperativa que edita Tiempo. Insólitamente, la denuncia realizada por los trabajadores de prensa en la Procuvin sobre el accionar policial había sido archivada por el juez Carlos Bruniard, titular del Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 57, por «inexistencia de delito».

Los periodistas, con el apoyo de colegas y lectores lograron torcer la suerte esa misma madrugada al obligar al subcomisario Gastón Aparicio a intervenir en el conflicto que terminó cerca de las 6 de la mañana cuando los delincuentes se fueron escoltados por la policía.

El imputado precisó que entró al edificio con 14 matones más, los que fueron identificados en la causa y son coautores de los delitos federales de interrupción de un servicio de comunicación y atentado contra la libertad de expresión, además de lesiones. Sin embargo, se sabe que al menos dos personas más se escaparon por los techos linderos ante la pasividad de las fuerzas de seguridad. El 7 de julio, tres días después del ataque, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad le renovó la habilitación a All Acces SRL, la empresa de Blander, para operar en suelo porteño. «