El sobreseimiento en primera instancia de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa debe ser leído en el cuadro general de retroceso que vive la Argentina en materia de derechos humanos desde que Mauricio Macri asumió su presidencia.

De un año a esta parte, así como los funcionarios macristas discuten el número de desaparecidos o defienden la detención arbitraria e ilegal de Milagro Sala, también el Partido Judicial (PJ) ajusta cuentas con la historia trágica reciente.
En este contexto, que el juez Hernán Ercolini haya querido indultar a los dueños del programa ideológico y económico de la última dictadura cívico-militar es apenas un capítulo más de la restauración conservadora que asola el país. Esos dueños siguen estando en el poder.

Con un gobierno propio que les ha dado aún más poder en apenas doce meses destruyendo la Ley de Medios, dándoles licencias de TV a La Nación, permitiéndole aumentar el cable a Clarín, también garantizándole la compra de Nextel y Telecom y otorgándole cifras millonarias de publicidad oficial a este mismo grupo que estaba sexto entre los beneficiarios y pasó a estar primero, además de una serie de normativas para que los cables puedan dar telefonía mientras sigue frenado el ingreso de las telefónicas a brindar servicios de comunicación audiovisual.

El Poder Judicial es el menos permeable a las transformaciones democráticas y el más comprometido de todos con el Terrorismo de Estado. Por eso concitó tanto apoyo el Juicio a las Juntas: porque parecía, después del horror, la autodepuración de lo siniestro. Pero si no hubiera sido por la lucha de los organismos de DDHH, no habría juicios ni condenas; como de hecho, no existieron durante años, hasta que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, tomó ese reclamo y lo convirtió en política de Estado, que luego continuó Cristina Kirchner.

El fallo de Ercolini podrá ser indigesto, pero no tiene ninguna originalidad. Se inscribe en la denegación de justicia habitual en aquellos casos que rozan al poder verdadero. Los bombardeos a Plaza de Mayo del ´55 recién fueron considerados delitos de lesa humanidad en 2008. Medio siglo después; y, por supuesto, todavía siguen impunes. Los fusilamientos de José León Suárez, de no haber sido por el periodista Rodolfo Walsh, también hubieran quedado impunes para la historia, porque el poder judicial nunca los investigó como debía y nunca logró condena para sus autores. Las empresas que se robaron la deuda externa argentina contraída entre el ´76 y el ´83, de la cual el grupo Macri fue beneficiario, generó un fallo que determinó culpabilidades al mismo tiempo que –increíblemente- se declaraba inaplicable cualquier pena por el tiempo transcurrido. La causa AMIA: ayer se confirmó que se utilizó una Traffic para su voladura. Fue el título principal de La Nación. Es un dato que está en la foja 8 del expediente judicial abierto en 1994, expediente maltratado adrede y que viene garantizando la impunidad de los responsables del estallido mortal hace 22 años, casi un cuarto de siglo. Esta es la manera que tiene el Poder Judicial de dar sus indultos selectivos.

La causa Papel Prensa, mientras continúen la derecha y los dueños de la dictadura cívico-militar en el poder, va a correr la misma suerte.
Con una diferencia notable: la verdad ya se sabe. «