El proyecto de ley que desregula la producción y la venta de Papel Prensa, y pone en riesgo miles de puestos de trabajo en los medios gráficos, fue aprobado el jueves por la Cámara Diputados con 127 votos a favor, 66 en contra y tres abstenciones.
El interbloque oficialista en pleno (compuesto por radicales, Coalición Cívica y PRO) contó con el respaldo de diputados de los bloques Justicialistas y el Frente Renovador para despachar el último deseo del Grupo Clarín, mandamás de la firma.
El encargado de defender la iniciativa fue Diego Bossio (Bloque Justicialista) que, sin números ni precisiones, argumentó acerca de la necesidad de derogar una serie de artículos de la ley vigente que declara de orden público la producción y venta del papel que se utiliza para imprimir diarios.
En su alegato, el extitular de la Anses minimizó el impacto de la crisis en los medios gráficos y adjudicó culpas al cambio tecnológico. «La situación económica está afectando a los medios gráficos, puede ser. Pero más los está afectando el cambio tecnológico», improvisó.
La justificación de Bossio caminó por lugares inesperados. Incluso cuestionó la necesidad de que existen medios gráficos porque (el presidente de Brasil, Jair) «Bolsonaro ganó por las redes sociales».
Los argumentos contrarios se sucedieron uno tras otro desde la banca del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda. El primero en hacer uso de la palabra fue el cordobés Pablo Carro quien, categóricamente, dijo: «Están derogando el artículo que establece de que todos tienen que pagar el mismo precio por el mismo papel. Lo que hacen es volver a la situación previa, cuando Papel Prensa ponía precio diferencial y el hecho de obligar a tener stock cuando hay demanda».
Además, Carro señaló que «no hay ningún quebranto, no están llamando a procedimiento preventivo de crisis, no conocemos el nombre del presidente de Papel Prensa. No podemos aprobar una ley sin conocer los números de la empresa». Y agregó: «El problema del precio es cierto. El papel aumentó más que la inflación. Así que no es cierto que el Estado le pone el precio. La empresa pone el precio que quiere, lo que hace la ley es que todos puedan comprar al mismo precio».
Por su parte, el diputado del FIT, Nicolás del Caño, definió al proyecto como «el regalo de fin de año para el Grupo Clarín, ya que contrasta con la situación del resto de los trabajadores».
El titular del bloque del FpV, Agustín Rossi afirmó que «lo que va a pasar es que Clarín se va a ‘autovender’ más barato, cargándole la pérdida al Estado nacional y además cuando vengan los otros diarios le va a decir que no tiene más volumen». «La ley favorece a Clarín y La Nación, es así, no se enojen», concluyó Rossi.
El proyecto llegó al recinto a instancias del Poder Ejecutivo, que lo incluyó en extraordinarias, luego de un trámite exprés en la comisión de Comercio.
En un comunicado conjunto, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa (MNTP), el gremio de canillitas (Sivendia), gráficos de imprenta y diarios (FGBy FATIDA), y la Federación de medios cooperativo (FADICCRA) expresaron el «total rechazo a la consideración del proyecto. Advertimos a los legisladores sobre la responsabilidad que les cabe sobre los efectos negativos que denunciamos en materia laboral para los trabajadores que intervienen en todo el proceso productivo. En el mismo orden condenamos la mendacidad y la malicia contenida en los fundamentos del proyecto de ley», concluye el comunicado.
La MNTP advirtió además que de aprobarse en el Senado, la ley implicará «otro golpe a la libertad de expresión». «