Cuando este jueves comience el juicio por crímenes de lesa humanidad contra 125 víctimas en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1 de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, el gremio del subte (AGTYSP) estará sentado entre los querellantes para reclamar justicia por José Martín Mendoza, un trabajador de la Línea E de los subterráneos porteños que fue secuestrado en su casa el 17 de septiembre de 1976 y que permanece desaparecido. Entre los imputados están el ex comisario Miguel Echectolatz, entonces uno de los jefes de la Policía bonaerense y el ex jefe del área militar 112 de La Tablada Federico Antonio Minicucci, quienes deberán responder por los crímenes cometidos en el centro de detención que funcionó en Puente 12, frente a El Vesubio, durante el Terrorismo de Estado.

“Nos dijeron que es la primera vez que un sindicato va a estar sentado en un juicio, un hecho histórico”, dijo a Tiempo Miguel “Pipi” González, secretario de DD.HH de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTYSP). Junto a su secretario general, Roberto Pianelli, representarán a Mendoza y los trabajadores del sindicato en el pedido de justicia.

“Somos un gremio joven y creemos que hay que mantener la memoria de los compañeros”, subrayó González. Y recordó que para este jueves a las 10.30 convocaron a los organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales a acompañarlos cuando comience el debate en Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal N°6 de Capital Federal.

El sindicato se constituyó como querellante el 17 de septiembre de 2015, en el aniversario del secuestro de Mendoza a quien también homenajearon con una baldosa en la estación Virreyes de la Línea E del subterráneo, donde trabajaba.

La AGTYSP fue el segundo gremio en ir a la justicia por sus desaparecidos. El primer paso lo habían dado los docentes de CTERA cuando en 2012 fueron aceptados como querellantes en Tucumán en la causa por el asesinato de uno de sus fundadores, Isauro Arancibia y su hermano Arturo, durante la última dictadura cívico militar.

En 2015 también se presentaron ante en los juzgados federales los azucareros del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) por los secuestros y desapariciones de trabajadores de la empresa de Pedro Blaquier en la Noche del Apagón; y la Federación de Trabajadores Aceiteros Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA), por los crímenes contra obreros, e integrantes de sus familias, de Molinos Río de la Plata de Avellaneda.

Este año la UOM Villa Constitución se presentó en la investigación por la represión de abril de 1975 en represalia por «El Villazo», como se conoció a la huelga de siderúrgica Acindar, cuyo presidente era José Alfredo Martínez de Hoz.

La Causa Cuatrerismo – Brigada de Güemes fue elevada a juicio por Rafecas en 2013 y es la primera en llegar a juicio. En el debate oral, los Metrodelegados buscarán justicia por Mendoza, el boletero de estación Virreyes, uno de los 125 desaparecidos del expediente.

Presente en Virreyes

“En esta línea, trabajó José Martín Mendoza, militante popular detenido desaparecido por el terrorismo de Estado”, dice la baldosa que desde 2015 lo mantiene siempre presente en la estación Virreyes de la Línea E. Mendoza fue secuestrado el 17 de septiembre de 1976, por civiles armados y nunca más se supo de él. Es uno de los cinco que fueron víctimas del Terrorismo de Estado en el subte: Daniel Bonifacio Chanampa, Luis Enrique Cabrera, Juan Carlos Correa y Federico Otin Beconi, completan el listado de víctimas.

Desde la secretaría de DDHH del gremio, Miguel “Pipi” González logró reconstruir la historia de Mendoza. Así supieron que ingresó a trabajar en el subte en el sector de limpieza el 1 de abril de 1975 y que cinco meses después lo ascendieron a boletero. Un año después, no fue más a su puesto de trabajo en la estación Virreyes.

La información estaba en el legajo que González recuperó de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal del subte, a través de la intervención de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, organismo creado en 2007 por el Ministerio de Justicia y DDHH y el de Planificación Federal para relevar los legajos de víctimas de la dictadura en esa cartera y que en 2012 se extendió a toda la administración pública nacional.

En el legajo de Mendoza también encontraron una carta en la que su tía denunciaba que José Había sido secuestrado por civiles armados que respondían a las Fuerzas Armadas. Y develó que vivía en Villa Riachuelo. En la búsqueda González se topó con Cristina Comandé, una compañera de Mendoza en la militancia en la Juventud Guevarista. Ella completó la historia.

José militaba en esa agrupación en la UTN, donde estudiaba ingeniería metalúrgica, y los secuestraron el mismo día. Primero los llevaron a la Comisaría 3 y después a Puente 12 o “Protobanco”, que era el centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Camino de Cintura y Autopista Ricchieri, en la localidad de La Matanza, frente al centro “El Vesubio”.

Tenía 25 años y estuvo tres meses y medio en ese centro. Sus restos fueron identificados en julio de 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el cementerio de Lomas del Mirador.

A partir del jueves esa historia comenzará a ser oída junto a la de las otras víctimas.

Los jueces Fernando Canero, Julio Luis Panelo, José Martínez Sobrino y Guillermo Yacobucci (sustituto) juzgarán por crímenes de lesa humanidad a nueve imputados: Miguel Etchecolatz, José Féliz Madrid, Guillermo Ornstein, Ángel Salerno, Carlos A. Tarantino, Federico Antonio Minicucci, Nildo Jesús Delgado, Norberto Faustino Bulacio y Daniel Mancuso.

La causa fue elevada en 2013 por Daniel Rafecas quien los acusó por hechos ocurridos de noviembre de 1974 hasta febrero de 1977 en la Comisaria 1ª de la localidad de Monte Grande, ubicada en Santamarina N°474 de Esteban Echeverría, y desde 1976 a 1978 en la ex División Cuatrerismo de la Policía bonaerense (Brigada de Güemes), ubicada en Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en La Matanza.

Después de una serie de retrasos -el juicio debía comenzar a principios de año- el tribunal fijó fecha para este jueves a las 10. En septiembre, la Mesa Intersindical que reúne secretarios de DDHH de una veintena de gremios de la CGT y la CTA se reunieron con Jorge Auat de la Procuración de delitos de Lesa humanidad y fiscales de todo el país para trazar estrategias para este y otros juicios que implican a trabajadores y empresarios y que continúan demorados.