“Tuvimos que retrasar la publicación de los datos para que la carga que sea pareja a pedido de la Justicia”, aseguró Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda , antes de publicar oficialmente los datos del escrutinio provisorio. Ya eran entonces las 22.30, una hora y media después del momento en que estaba previsto que se informara la primera tendencia y quince minutos después de que el presidente Mauricio Macri reconociera la derrota. Sin embargo, apenas las pantallas mostraron los resultados allí se veía que el 39,36% de los telegramas que contenían la información sobre los votos había sido procesado.

Tiempo le mostró esta información a Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, pero tras verificar la información el responsable de la supervisión del sistema eligió irse sin hacer declaraciones. Durante la conferencia de prensa, Pérez también rechazó que hubiera habido fallas en el sistema de transmisión de datos y valoró que para esa hora ya estuviera el 58,7% de los telegramas computados. Sin embargo, al ser consultado por las denuncias sobre fallas en el sistema reconoció que hubo “un problema técnico en la difusión”. Sin explicar de qué se trató ese “problema” sí quiso dejar en claro que ese inconveniente fue responsabilidad de Smartmatic, la compañía que ganó la licitación para proveer el software del cómputo provisorio de votos que fue muy cuestionada en las semanas previas. Durante toda la jornada, los funcionarios del Ministerio del Interior presentes en el Centro de Cómputos habían rechazado las denuncias al ser consultados por los periodistas y declarado que todo funcionaba “con normalidad”.

Un día de tensión

El gobierno dispuso de un espacio para periodistas en una sede del Correo Argentino ubicada en Barracas. Allí se encontraban unas 850 trabajando en la recepción de telegramas y carga de datos, la mitad del total ya que había otro centro similar en una oficina de Monte Grande.

A las 20.30 la ansiedad era muy grande y comenzaron a viralizarse videos en las redes sociales que hablaban de una caída del sistema. Desde la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior salieron a desmentirlo y a afirmar que ya contaban con unos 28 mil telegramas sobre un total de 101.500 procedentes de las 15 mil centros de votación habilitados.

Eso equivalía a casi un 30% del total que se esperaba recibir en las dos sedes del Correo Argentino habilitadas para esa tarea. La dificultad para dar información oficial, sin embargo, tenían que ver con la distribución de los telegramas. La Pampa, por ejemplo, había sido enteramente cargada, mientras que en la Provincia de Buenos Aires apenas decían haber alcanzado un 2%. La excusa sonaba lógica, allí se encuentra el 37% del padrón electoral y, además, allí se definían las candidaturas para 65 de las 135 intendencias, por lo que tanto el conteo de votos como el envío de telegramas podía demorarse más que los demás. Para colmo, por resolución de la jueza María Romilda Servini, titular del Juzgado Federal 1 con competencia electoral, los datos oficiales recién podrían ser distribuidos cuando se hubiera procesado más del 10% de los votos de los cuatro distritos más populosos: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA. Todo ese argumento sostuvo la tensión hasta las 22.30, pero los datos luego probaron que no era tan así.

No se olviden de Smartmatic

El resultado favorable para el Frente de Todos y el mal uso de la información por parte del gobierno no debería hacer olvidar las fallas que hubo en el proceso de designación de la empresa a cargo de proveer el sistema de transmisión y procesamiento de datos, ni de las fallas que efectivamente tuvo en su implementación. Smartmatic ganó la licitación convocada por el gobierno para llevar a cabo un sistema más rápido en respuesta a una acordada de la Cámara Nacional Electoral de 2017. El objetivo era reducir las demoras que hubo en las elecciones legislativas de ese año.

La propuesta para abreviar los tiempos fue que los telegramas sean transmitidos vía electrónica desde las escuelas a los centros de cómputos de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende del Ministerio del Interior de la Nación sin pasar por las oficinas del Correo más cercanas a los establecimientos educativos. Antes, los telegramas se mandaban en camionetas desde las escuelas hasta las oficinas más cercanas del Correo, donde se digitalizaban.

Smartmatic ganó esa licitación por ofrecer el precio más bajo de las tres empresas que superaron los requisitos necesarios para presentarse a la compulsa. En los hechos mejoró en casi tres millones de dolares la propuesta de Indra, la empresa española que tenía a su cargo la tarea desde 1997 (u$s 16.899.920 vs u$s 19.235.000). Claro que esa designación pasó por alto las denuncias por irregularidades que la empresa con sede en Estados Unidos había tenido en otros comicios de los que había participado, como en El Salvador y Venezuela. Pero el tema que más controversias generó no fue el Curriculum, sino las fallas que sufrió el sistema en las pruebas y su incumplimiento con el pedido de mostrar el código fuente que utiliza su software para que las distintas fuerzas políticas y organismos especializados pudieran fiscalizar el funcionamiento. Ahora, además, habrá que sumarle ese “problema técnico de difusión” al que aludió Adrián Pérez pero del que no dio mayores datos.