Comienza el debate parlamentario más esperado en la historia del feminismo argentino: el derecho al aborto legal. La diferencia principal con el proceso de 2018 no está dada tanto en el recambio de la composición del Parlamento sino en el de un nuevo contexto político y social.

El objetivo del gobierno de Alberto Fernández es que el proyecto se convierta en ley, no alcanza sólo con habilitar el debate, como ocurrió con su antecesor, Mauricio Macri, quien además se pronunció en contra de ese derecho. En la Casa Rosada analizan que no sería bueno finalizar el año con una iniciativa firmada por Alberto Fernández votada en contra.

Por lo pronto, en la semana que comienza se definirán los giros a las comisiones de los dos proyectos presentados por el Poder Ejecutivo el martes 17. Se prepara un debate intenso en la Cámara de Diputados, aunque, en un período acotado de dos semanas hasta llegar al recinto. Al igual que hace dos años, se espera una ajustada victoria en la Cámara baja. De aquella experiencia surgió un apredizaje: la llave estará en esta oportunidad en debatir juntos los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el denominado «Plan de los mil días» que propone una asistencia sanitaria a la persona gestante y sus hijos durante los primeros años de vida.

Este derrotero será la antesala de la definición final del Senado en donde la presidencia del cuerpo pasó de estar de manos de una opositora a la IVE, como Gabriela Michetti, a las de Cristina Fernández, cuyo voto en 2018 fue a favor del proyecto.

Para las elecciones de 2019 Juntos por el Cambio se ocupó de llenar sus listas con voluntades celestes. Lo opuesto hizo el Frente de Todos. Es por eso que en Diputados se repite un escenario parecido al de 2018. Según confirmaron fuentes parlamentarias, el texto del Ejecutivo se debatirá en plenario de comisiones entre tres a cuatro días durante dos semanas, y alcanzado el dictamen a favor se bajará al recinto en el marco de una posible prorroga de sesiones ordinarias. Es que, tal como lo dijo la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, todo el bagaje político acumulado de la extensa discusión de 2018 ya está disponible. Sobre esa base se retomará el debate, pero con la estrategia marcada desde el Ejecutivo de mantener encauzada la discusión como una cuestión de salud pública.

Para cumplir con la meta, el trabajo político quedó dividido entre una función militante por parte del jefe del bloque oficialista Máximo Kirchner, y otra moderada que asumirá el titular de la cámara Baja Sergio Massa. Según pudo conocer este diario, para avanzar en el debate las integrantes de la Campaña Nacional a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito se reunirán el lunes con la mesa de trabajo que propuso el tigrense antes de que ingrese formalmente el proyecto al Congreso. La idea es acordar las condiciones de tratamiento de la iniciativa con el colectivo verde. Desde la campaña destacaron que el proyecto del Ejecutivo respeta los principales puntos como las 14 semanas como límite para la práctica, pero criticaron que se siga penalizando a las personas gestantes después de ese plazo.

Desde el FdT descuentan que quienes votaron en contra del aborto en 2018 no van a cambiar su posición, pero sí se puede sumar muchas voluntades entre la cincuentena de diputados indecisos o “tapados”. «Es muy importante que la ley salga sí o sí este año porque es un derecho que no puede seguir esperando y una demanda muy antigua del movimiento feminista», expresó a este diario la oficialista Cecilia Moreau.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada radical Brenda Austin señaló: “No tenemos ninguna duda de que esto tiene que ser un trámite que comience cuanto antes donde además ya sabemos que hemos escuchado durante más de dos meses en la Cámara de Diputados a referentes de instituciones, de organizaciones, del sector científico, de otros países, de modo que entendemos que la discusión tiene que versar sobre la opinión de los diputados y diputadas. Esperamos también que pueda ser un debate más corto que el anterior, sobre todo teniendo en cuenta que partimos de una línea diferente de conocimiento, de profundidad del tema, y de elementos y herramientas para discutir”.

Las cuatro comisiones que integrarán el plenario están presididas por diputados a favor de la legalización. Tal es así que Legislación General tiene como presidenta a Cecilia Moreau, secundada por la radical Carla Carrizo, ambas militantes por la legalización del aborto y los derechos de las mujeres; Salud, a cargo del tucumano Pablo Yedlin (FdT), y cuya vicepresidencia ejerce de Carmen Polledo (PRO), ferviente antiderecho al aborto; Mujeres y Diversidad,comisión que reemplaza a la anterior Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y que preside Mónica Macha (FdT) secundada por Silvia Lospennato (PRO), expresa militante del aborto legal; y Legislación Penal, conducida por la entrerriana Carolina Gaillard (FdT) y cuya vicepresidencia quedó a cargo de Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), una dirigenta que en 2018 se pronunció a favor de mantener al aborto en la clandestinidad.

La Comisión cabecera, que llevará adelante la presidencia del plenario, está por definirse entre Moreau y Yedlin. Los argumentos a favor de que la diputada la presida se basan en que siempre fue la comisión de Legislación General la que asumió ese rol (en 2018 y en tratamientos anteriores que no llegaron a tener dictamen). Además, Moreau fue protagonista del grupo sororo de 2018, por lo que cuenta con una vasta experiencia política en el tema. En tanto que la posición a favor de que sea la de Yedlin reside en que el gobierno nacional pretende darle un enfoque de discusión sobre salud pública, y así se podría neutralizar el lobby antiderecho al aborto de Polledo.

El viejo grupo de WhatsApp de las sororas no sólo sigue en uso, sino que está más activo que nunca. Aquella coordinación virtual que se dio en 2018 entre diputados y diputadas de distintos partidos políticos para lograr sumar voluntades sigue siendo la herramienta más rápida para la comunicación a la hora del trabajo legislativo. Se sumaron legisladoras nuevas como Gaillard y Macha, pero también quedan los que ya no están en la nómina actual como Daniel Lipovetzky y Mayra Mendoza. Todos intercambian información y proponen tácticas.

El gobierno podría capitalizar como propio un triunfo político que, no obstante, habrá sido construido colectivamente, en un año en el que el sistema sanitario estuvo tensionado por la pandemia. La sanción del derecho al aborto no sólo terminaría con las muertes y secuelas que provoca la clandestinidad, sino que saldará una deuda de la democracia para con las personas gestantes. «