El gobierno de Mauricio Macri rendirá este lunes cuentas por la situación de los Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El contexto no podía ser menos oportuno: el miércoles una multitud reclamó en Plaza de Mayo justicia por Santiago Maldonado al cumplirse tres meses de su desaparición forzada, y el viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que el Estado argentino incumple la medida cautelar que ordenó la domiciliaria para Milagro Sala y mandó el caso a la Corte Interamericana.   

La delegación argentina que dará explicaciones en Ginebra a partir del mediodía suizo estará presidida por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj. No habrá pasado siquiera una semana desde que una multitud se concentró frente a la Casa Rosada junto a Sergio Maldonado, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo cuando el funcionario de Cambiemos deba especificar en las 28 Sesiones del Grupo de Trabajo del EPU la evolución de los Derechos Humanos en el país. 

Para el examen, los especialistas de Naciones Unidas contarán con una serie de informaciones aportadas por organismos de la sociedad civil, entre ellos el de Amnistía Internacional (AI) en el que, entre otras, manifiestan preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión y la protesta social, que tiene en la detención de Sala su violación más extrema, y por la desaparición forzada de persona. 

«Nos preocupan especialmente los retrocesos con relación a la protección de los derechos de los migrantes, encabezados por la aprobación del DNU 70/2017. Argentina había hecho un compromiso voluntario en el último EPU de promover iniciativas para incrementar la protección de las personas migrantes, todo lo contrario de lo que ha hecho en el ámbito doméstico», amplió Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional en AI Argentina.

Marques remarcó que el EPU «es importante porque proporciona al Estado una oportunidad de revisar la situación de los Derechos Humanos en el país y establecer un diálogo con sus pares y con la sociedad civil».  

El listado de preocupaciones de AI continúa con la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos, especialmente al aborto legal y seguro, y  la falta de reconocimiento de la propiedad legal de los pueblos indígenas, con el incumplimiento de la Ley 26160, que además está por vencer y no tiene su prórroga aprobada en el Congreso. 

AI incluyó en su informe una serie de pedidos al Estado como la derogación del DNU que endureció la ley de migraciones, un pedido para que avancen los juicios por la dictadura y la complicidad empresarial, así como el cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que hace un año pidió la libertad de Sala y la investigación y juzgamiento de los responsables del caso Maldonado. 

El macrismo viene teniendo una simulada actitud positiva hacia los organismos internacionales del sistema universal y regional: los invita y acepta recibir sus representantes pero no cumplen con sus recomendaciones. «