El gobierno nacional ordenó este lunes que se revise la cesión de 100 inmuebles del Estado Nacional a la Ciudad de Buenos Aires durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, en particular las tomadas en los últimos meses antes de dejar el cargo.

Lo hizo a través del decreto 149 publicado este lunes en el Boletín Oficial y que instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a que revise en un plazo no mayor a 60 días “la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles del Estado Nacional a la a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019”.

En caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, “se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales”.

Al cumplirse esos dos meses de plazo, la AABE deberá realizar un informe sobre el proceso de revisión efectuado.

La decisión se produce luego de que el partido Izquierda Popular denunciara penalmente por abuso de poder al ex presidente Macri por el traspaso de bienes en los últimos meses de su gobierno.

A través de otro decreto, el gobierno nacional anuló la posibilidad de entregar bienes del Estado como parte de pago. Lo hizo al derogar el inciso 23 del artículo 8° del Decreto 1382/12, “por el cual se facultó a la AABE a ‘dar en pago’ los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino, a fin de cancelar deudas y/o afrontar compromisos de asistencia económico financiera y/o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario que haya asumido el Estado Nacional, en el marco de convenios, contratos, actas o acuerdos celebrados con las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

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Entre los argumentos, el Ejecutivo aseguró que “la mecánica de la dación en pago de bienes inmuebles por parte de la AABE para cancelar deudas o cumplimentar compromisos de asistencia económico-financiera con Provincias o la Ciudad Autónoma resulta manifiestamente improcedente e inconveniente para el interés público, máxime si las mismas se realizan por el monto de la tasación oficial”.

Señaló que esta atribución que tenía la Agencia “priva al Estado de la posibilidad, entre otras, de obtener ofertas económicas superiores a la tasación oficial, lo que resulta asimismo desaconsejable desde el punto de vista financiero ya que, entre otros efectos negativos a los intereses del Estado, impide el devengamiento de los diversos pagos a medida que se producen los vencimientos de las hipotéticas obligaciones que se pretenden cancelar o aplicar mecanismos de puja pública a fin de obtener el mejor precio pretendido”.

En ese sentido, se refirió a la decisión de Macri de ceder esos bienes a la Ciudad. “Esto se torna aún más gravoso y reprochable cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción, como ha ocurrido con las formalizadas a favor de la Ciudad durante el último semestre del fin del mandato de la gestión anterior”.

“Todo lo actuado en este sentido por parte del Estado Nacional en el breve período mencionado, hace inferir que la urgencia en el dictado de la norma que se critica estaba dada para concretar las operaciones realizadas a favor de la Ciudad y no en mejorar el ejercicio de las atribuciones de la AABE en favor del interés público o en pos de cualquier otro fin que no sea el de favorecer discrecionalmente a una sola jurisdicción.