El Poder Ejecutivo retiró del Senado y puso bajo revisión las propuestas de acuerdos de 198 candidatos a jueces, fiscales y defensores oficiales que impulsó desde 2017 hasta el 2 de diciembre de 2019 (una semana antes de dejar el gobierno) la administración de Mauricio Macri.

La nota, a la que tuvo acceso Tiempo, incluye el pliego del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el anterior gobierno como vocal de la Cámara Federal porteña, a quien el presidente Alberto Fernández impulsa ahora como Procurador General de la Nación.

En ese contexto, entre los pliegos retirados está el de Inés Weinberg, jueza del Tribunal Superior porteño, quien había sido propuesta como Procuradora General de la Nación por Macri.

En la lista de pliegos pendientes de acuerdo que retiró el actual gobierno se destacan los de Laureano Durán, propuesto como juez federal de La Plata con competencia electoral en territorio bonaerense.

También Gustavo Fresneda, propuesto para ocupar el juzgado federal de Corrientes vacante desde la destitución y procesamiento por presunta protección al narcotráfico de Carlos Soto Dávila, quien sostiene que es una víctima del accionar del falso abogado Marcelo D’Alessio.

Fresneda, quien fue funcionario de Soto Dávila y cuestionado por su actuación, fue objetado desde el seno del anterior gobierno por su perfil  y su cercanía con el ex gobernador radical correntino Ricardo Colombi.

La lista incluye a Pedro Federico Hooft, hijo de un histórico juez federal de Mar del Plata, separado de su cargo por más de cien imputaciones por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Los organismos de Derechos Humanos y familiares de víctimas de la denominada «Noche de las Corbatas» acusan a Hooft hijo de, entre otras cosas, haber ejercido la defensa de su padre a través de métodos irregulares, como la grabación clandestina al fiscal que investigaba a su progenitor.

Otro nombre relevante es el de Germán Manuel Moldes, hijo del ex fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien renunció a su cargo a fines del año pasado.

Moldes hijo había sido propuesto como camarista federal de San Martín.

También aparece Juan Tomás Rodríguez Ponte, secretario letrado del juez federal Ariel Lijo y uno de los designados por el Poder Judicial –junto con el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra- al frente de las oficinas de escuchas telefónicas ordenadas en causas judiciales.

El gobierno también retiró el pliego de Ignacio Mahiques, un joven fiscal de instrucción porteño que fue designado ad-hoc para colaborar con el fiscal federal Gerardo Pollicita en una investigación en la que terminó procesada y en camino a juicio oral la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Ignacio Mahiques es hijo del camarista federal de Casación Carlos Mahiques, ex ministro de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y hermano de Juan Bautista Mahiques, ex representante del gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

Ignacio Mahiques había sido propuesto como juez federal de la ciudad bonaerense de Mercedes.

Entre los nombres menos conocidos fuera del ámbito judicial pero de peso en el microclima de tribunales figuran Nicolás Pacilio, secretario de la Cámara Federal, propuesto para el tribunal oral porteño número 21; Hugo Fabián, uno de los jueces que dictó la condena contra barras bravas de River Plate por el crimen de Gonzalo Acro, para el tribunal oral número dos, y Yamile Bernán, la jueza que desbarató la banda de venezolanos que asesinaron a un turista inglés y procesó al policía que mató de una patada a un transeúnte en la vía pública, para la Cámara del Crimen.

También fue retirado el pliego de Julio Pablo Quiñones, un ex juez de instrucción subrogante que pasó a trabajar como secretario en la Corte Suprema bajo la órbita del juez Ricardo Lorenzetti y había sido propuesto como juez del tribunal oral número siete.

Otra funcionaria de la Corte, Analía Monferrer, coordinadora de la Oficina de Violencia Doméstica, que funciona bajo la órbita de la vicepresidenta del alto tribunal, Elena Highton de Nolasco, también vio retirado su pliego, al igual que el camarista del crimen porteño Mauro Divito, impulsado como vocal de la Cámara de Casación porteña.

Finalmente, el gobierno también retiró el pliego de la jurista mendocina Aída Kelmelmajer, quien había sido propuesta como conjueza de la Corte Suprema.

El retiro de los pliegos se concretó mediante el expediente PE 483, que ingresó al Senado el 11 de febrero a las 8 de la mañana.

La decisión del gobierno significa que todos los pliegos pasarán a revisión, lo que deja abierta la posibilidad de que haya propuestas ratificadas y otras modificadas con nombres de otros candidatos que integraron las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo.