El gobierno nacional diseñó una batería de medidas para enfrentar su primer diciembre en pandemia. Tras las quejas que despertó la quita del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), salió a desmentir que esa decisión fuera pedida por FMI y a argumentar que la asistencia estatal estará más focalizada en la población vulnerable y a la vez mejor encauzada hacia la reactivación de la producción. Además, desde Anses se está preparando un bono de fin de año para sus beneficiarios, dinero que, saben, se destinará en su mayor parte al consumo.
En definitiva, se buscará atacar los resabios de la crisis pandémica en el último mes del año con herramientas preexistentes: duplicación de la AUH por un mes, el Repro, el Potenciar Trabajo, el fortalecimiento del paquete de turismo, préstamos a empresas que recibían el ATP y todavía sufren los coletazos de la crisis, y el ATP 7 para sectores todavía inhabilitados para funcionar. A esto se suman medidas de menor alcance, como el aumento a 800 becarios del Conicet y la incorporación de otros 300 becarios, o los 300 centros de desarrollo infantil o jardines, tendientes a alivianar los indicadores de vulnerabilidad social. “El paquete de medidas para este diciembre es mucho mejor que el IFE porque está focalizado”, argumentan en Balcarce 50.
La principal erogación estatal destinada a ayuda social para el último mes del año es la duplicación del monto disponible en la tarjeta Alimentar, implementada desde el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, y que llega a 1,5 millones de familias, unos 9 millones de niños. Otra de las novedades preparadas desde la Anses por su directora Fernanda Raverta es un bono de fin de año, del que todavía se sabe poco en términos de alcance y monto.
“El universo del IFE es muy grande y heterogéneo”, explicaron a Tiempo fuentes oficiales del gabinete económico. “Algunos de los beneficiarios son inactivos, pero se les paga igual porque en el peor momento de la crisis había otros miembros de la familia que sí habían perdido el trabajo, por eso es un ingreso familiar”, sostienen, y recuerdan que la entrega de 10 mil pesos fue diseñada para el bimestre de abril-mayo, “el peor de todos”. También se detectó que durante estos meses algunos beneficiarios habían podido combinar varios ingresos, como la AUH, el trabajo en casas particulares y el IFE. La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, repitió en varias ocasiones que el IFE no es la mejor manera de invertir “porque es como tirar plata desde un helicóptero”.
Este diario pudo saber que a partir de los registros que dejó el IFE, Raverta está llevando adelante desde la Anses un trabajo de identificación de familias que podrían ser beneficiarias de la AUH pero no pudieron acceder todavía por problemas de falta de DNI o por aislamiento en lugares lejanos. Según se pudo recabar hasta ahora, los futuros beneficiarios que no accedieron todavía por “falta papeles”, van desde 700 mil a un millón. “Hay que recuperar a esos chicos”, sentencian en la Rosada. A su vez, se decidió que el 20% más que se cobra a fin de año por presentar todos los certificados de vacunación y escolaridad se va a extender a la totalidad de los beneficiarios, ya que 2020 fue un año de pura excepcionalidad a la hora de llevar los registros por parte de las instituciones pertinentes.
Fue así también como surgió la idea de unificar y conectar al sistema hospitalario y de escuelas púbicas de todas las provincias para que las gestionadoras de todo el tramiterío (por lo general las mujeres) vean alivianado el trabajo. Al integrar bases de datos de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo también se generan alertas tempranas de detección de problemas como la deserción escolar o la falta de atención médica periódica.
Asistencia a la producción
En la Casa Rosada reconocen que “en emergencia no había que hacer mucho más” a la hora de pedir información, pero que en esta nueva etapa la asistencia estatal para los sectores productivos estará –al igual que la asistencia social– vinculada a la producción.
Es por eso que el Potenciar trabajo incrementó la cantidad de beneficiarios y cambió la modalidad al exigir una contraprestación, ya sea la terminalidad escolar, la capacitación o un trabajo de medio tiempo. También se cambió la titularidad de las cuentas bancarias, ya que antes eran de Desarrollo y ahora son personales. “Es un empoderamiento”, señalan.
Con respecto al ATP –que también se elimina–, desde el gobierno, en especial desde la Afip que conduce Mercedes Marcó del Pont, tomaron la decisión de que las empresa con problemas específicos que no se hayan podido recuperar podrán acceder a la asistencia salarial de los Repro de 9000 pesos por trabajadora o trabajador por bimestre, pero será necesario mostrar más información, no solo la baja de facturación sino balances y niveles de liquidez. “Habrá un filtro mayor construido con más datos” aseguran, ya que pretenden diseñar incentivos correctos para moverse “hacia adelante y no quedarse con el freno de mano puesto para cobrar los salarios”.
El que seguirá es el ATP 7 destinado a los sectores críticos como la gastronomía, los clubes y el transporte de larga distancia, cuyo funcionamiento todavía está vedado por ley. Y otra de las medidas para las empresas es que para los sectores productivos no críticos habrá préstamos disponibles en la web de la Afip para ser devueltos en 12 cuotas fijas con tres meses de gracia, cuya tasa varía entre el 27% o el 33 % según hayan tenido facturación negativa o positiva.
