El gobierno nacional y las organizaciones sociales que impulsan la Ley de Emergencia Social aprobada en diciembre alcanzaron un principio de acuerdo por la reglamentación de la norma que se anunciará mañana, según confirmaron a Tiempo fuentes cercanas a las negociaciones. En ese contexto el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley también fijará un plazo de «diez días» para actualizar los avances de obra en el marco del programa Argentina Trabaja. Sucede que las organizaciones advirtieron que, desde mediados del año pasado a la actualidad, los trabajadores llevaron adelante un 40% de las obras acordadas, pero el gobierno sólo ejecutó el 20% de los fondos.
De esta manera, el gobierno frenó, al menos en el corto plazo, la concreción de la marcha a las sedes de los Ministerios de Desarrollo Social y Trabajo que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa tenían previsto efectuar este martes en la Ciudad de Buenos Aires, junto a movilizaciones en otras ciudades del país como inicio de un plan de lucha.
La propuesta incluirá concretar en un plazo «15 días» la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, que según la ley, tendrá que estar integrado por seis representantes en total: de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda (o Finanzas), uno por cada una de las carteras, sumados a tres por las organizaciones inscriptas en el Registro de Organizaciones de la Economía Popular. A este punto se le adiciona otro plazo de «15 días» para reglamentar la ley. Esto implica que la norma deberá estar reglamentada en un mes. Mientras tanto, persiste el conflicto con el Ministerio de Trabajo por la paralización y vaciamiento de los programas Trabajo Autogestionado (PTA) y Construir Empleo.
