El gobierno hizo saber en las últimas horas su malestar con el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva por haber iniciado un diálogo con la comunidad mapuche del lago Mascardi luego de la muerte de Rafael Nahuel por parte de Prefectura.

El juez Villanueva es quien ordenó el desalojo el jueves pasado de la comunidad y, tras la muerte del joven, aceptó frenar el operativo represivo para que atendieran a las personas heridas en el monte y negoció el ingreso de peritos para avanzar con la investigación.

El juez es considerado “anti mapuches” por las comunidades de la zona. Incluso es quien debe resolver sobre la situación de Facundo Jones Huala, líder de la comunidad de Cushamen, que tiene un pedido de extradición de la Justicia de Chile. Sin embargo, el gobierno nacional le pide ir más a fondo y ni siquiera negociar con las comunidades.

«Se debería tomar alguna medida contra el juez si no actúa», aseguró este martes el diputado nacional del PRO, Waldo Wolff. «Hasta que la justicia no se ponga los pantalones nosotros vamos a seguir discutiendo. Seamos K o seamos Pro», sostuvo y agregó: «El problema no es de la comunidad mapuche que no deja entrar a la justicia. La justicia tiene que entrar sí o sí».

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Los dichos del diputado en diálogo con Ahora Es Cuando por FM Blue coincide con la postura extrema expresada el lunes en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le hizo fuertes críticas al magistrado: «Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar están todavía los grupos violentos», advirtió la ministra en una conferencia de prensa, e indicó que los mapuches usaron «armas de grueso calibre». «Las armas aún están ahí, o ya las sacaron, porque no se pudo entrar y la patrulla de Prefectura, cuando quiso entrar al lugar, fue desarmada», alertó.

«Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio, nosotros entraremos a todas las partes del territorio argentino; no tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución», afirmó. «La violación de la ley en la Argentina tiene y va a tener consecuencias», dijo la funcionaria, que respaldó el accionar de Prefectura.