Todo año electoral tiene en el Congreso un efecto negativo que se traduce en la disminución del número de sesiones. Este 2017 no será la excepción y es probable que la mengua se profundice aún más por la condición de minoría del oficialismo. Por caso, legisladores del PRO ya descartan que se concrete el intento de Sergio Massa por debatir en febrero el proyecto de baja de la edad de imputabilidad de los menores. El macrismo apuesta a no repetir el error del debate por Ganancias en diciembre y asume que deberá trabajar mucho más para consensuar el texto de la ley. Febrero es corto y los intereses electorales hacen endebles los acuerdos parlamentarios.

Azuzado por el crimen del joven de 14 años en el barrio porteño de Flores, el gobierno lanzó una propuesta de baja de la edad de imputabilidad. Un tema recurrente cada vez que ocurre un hecho violento con trascendencia pública. Llamado a su juego, sobre todo en temas penales, Massa no dudó y, junto a su socia Margarita Stolbizer, pidió sesiones extraordinarias para el próximo febrero. Pero el ministro de Justicia, Germán Garavano, pateó la pelota, informó que la idea del gobierno es debatir el tema durante todo el año, y adelantó que se reunirá con Massa por la revisión del Código Penal. «No está mal discutir el tema y que cada sector haga su aporte particular para alcanzar el consenso necesario. Pero eso lleva tiempo», dijo el vicepresidente del bloque de Diputados del PRO, Álvaro González, en diálogo con Tiempo.

En tanto, el presidente del bloque del FpV, Héctor Recalde, sostuvo que la propuesta oficialista es «una maniobra de distracción del gobierno a la que se suma el diputado Massa mientras continúan los despidos y suspensiones de trabajadores».

En esa línea de razonamiento, Recalde consideró que el debate «será estéril mientras continúe y profundice la desigualdad», y recordó que el decil más rico de la Argentina tiene el 31,5% de la riqueza, mientras el más pobre apenas si se queda con el 1,4 por ciento.

Por su parte, el diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, aseguró a este diario que está dispuesto a debatir el proyecto «pero antes hay que estudiar en profundidad estos temas porque se sabe que aumentar penas no implica la baja de los delitos». 

La disminución del número de sesiones será el menor de los problemas del oficialismo. «Será difícil alcanzar los consensos», reconoció González.
Bossio coincidió con ese diagnóstico y remarcó que «será responsabilidad de la oposición acordar proyectos que deben ser los que necesita la sociedad”.

En diálogo con Tiempo, Recalde compartió esa mirada, pero lo condicionó a que los bloques «opo-oficialistas», entre los que menciona al Frente Renovador y el Bloque Justicialista, abandonen esta postura para concentrarse en «frenar las groseras y manifiestas violaciones institucionales que lleva adelante el gobierno nacional que es una verdadera asociación flexibilizadora como la de los años ’90.

Ahora, si la oposición alcanza esos acuerdo, el interbloque Cambiemos tendrá problemas para eludir sus consecuencias. «El peor error del gobierno sería cerrar el Congreso, porque la oposición buscará hacerlo funcionar», advirtió Bossio. «