El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este martes a la empresa Nextel, del Grupo Clarín, a prestar servicios de comunicaciones móviles de 4G sobre las frecuencias que la firma ya posee en las bandas de 900 Megahertz y de 2,6 Megahertz.
Desde el Enacom, señalaron que «no están cerradas las cuestiones económicas» con las cuales se espera generar un equilibrio que asegure una competencia con las empresas preexistentes y que obligaría al nuevo operador a un pago compensatorio que equilibre los montos desembolsados por las otras tres prestadoras.
Lo cierto es que, hasta el momento, por la asignación de frecuencias para dar 4G a Nextel de Cablevisión del Grupo Clarín y Fintech, el Estado no ha recibido pago alguno.
Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, desmintió que le hayan dado gratis el servicio de 4G al grupo Nextel y aseguró que van a tener que pagar, pero no las cifras exorbitantes que pedía el gobierno anterior.
El lugar en el espectro que usufrutcuará el Grupo Clarín a través de Nextel está en danza desde 2014.En ese año se licitó la frecuencia para quien sería el cuarto operador de 4G en Argentina. Aquella licitación la ganó el Grupo Vila Manzano pero la frecuencia nunca fue asignada porque el grupo empresario nunca pagó el canon.
La jugada que se terminó de consumar esta semana y que tiene como ganador al Grupo Clarín comenzó a tejerse antes de la asunción de Macri. En septiembre de 2015, Clarín compró Nextel. La compra finalmente fue aprobada por la actual gestión.
En ese marco el Gobierno decidió habilitar las frecuencias que tenía Nextel para dar el servicio de 4G y de esta manera postestó a un privado a dar el servicio que podría dar el Estado a través de Arsat. En tal caso, y ante un espectro finito, finalmente Clarín se quedó con el lugar que fue pensado para el Estado.
Así las cosas, el Gupo Clarín, con dos decisiones del Gobierno, se convirtió en el cuarto operar de 4G en el país y, por ahora, no tuvo que pagar nada por eso. Ante la posibilidad de que se concrete esta situación, Telefónica ya había advertido que recurriría al CIADI (tribunal arbitral del Banco Mundial) para llevar adelante un reclamo ya que debió pagar u$s427 millones entre 2014 y 2015 por las bandas del espectro para ese servicio.