El gobierno nacional apretó el acelerador para destituir al juez Alejo Ramos Padilla que investiga “una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes”, según él mismo expresó en el Congreso Nacional.
El pedido de juicio político contra el juez de Dolores fue presentado por el ministro de Justicia Germán Garavano ante el Consejo de la Magistatura. El comunicado oficial informa que pidió esta medida por supuesta “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.
El mismo día que el juez federal Ramos Padilla pidió una nueva indagatoria para el fiscal Carlos Stornelli y realizó una fallida ampliación de la indagatoria al falso abogado Marcelo D’Alessio, el Poder Ejecutivo presentó una nota a su representante, Juan Bautista Mahiques, para que pida su juicio político. Allí, el gobierno expresa que el juez actuó con “intencionalidad” y que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución Nacional reconoce al Poder Judicial”.
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La decisión del gobierno de Mauricio Macri de correr a Ramos Padilla se da luego de su presentación ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Además, fue citado para la semana próxima por la comisión bicameral de Inteligencia a una reunión secreta. La investigación que lleva a cabo el magistrado toca a figuras relevantes del oficialismo involucra como las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
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Diversas personalidades del derecho, no asociadas ideológicamente con la oposición al gobierno de Cambiemos, han expresado su rechazo a este accionar que intenta impedir que el juez federal ahonde una investigación de envergadura. La impos
