Con un documento histórico y rotundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio 15 días al Estado argentino para que Milagro Sala salga de la prisión de Alto Comedero, donde lleva más de un año privada de su libertad.

El documento retoma la investigación que un grupo de trabajo de Naciones Unidas realizó en Jujuy. La cautelar hace referencia a esa tarea, convalida sus conclusiones y exige la liberación de la dirigente social. «El Estado Argentino, de conformidad con sus obligaciones internacionales, se encuentra obligado a atender la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que determinó que la detención de la señora Sala es arbitraria, llamando a su liberación inmediata», dice el artículo 45 de la medida cautelar. La contundencia de la resolución obligó al gobierno a desplegar toda su artillería mediática para manipular los hechos a gusto y necesidad.

A través de sus medios afines, el macrismo buscó imponer que «la CIDH recomendó que Milagro siga presa, aunque en su domicilio» (Clarín) y «que pase a prisión domiciliaria» (La Nación). Ambas afirmaciones son falsas. Al tratarse de una medida cautelar, la resolución no aborda la cuestión de fondo -si Milagro está bien o mal detenida-, sino las consecuencias físicas y psicológicas de los apremios que sufre desde que está en prisión. En ese sentido, la resolución detalla los abundantes indicios de maltrato y llega a un desenlace implacable: “La Comisión concluye, al valorar la integralidad de la situación planteada desde el estándar de prima facie, que el requisito de gravedad se encuentra cumplido, al encontrarse en riesgo los derechos a la integridad personal y a la vida de la señora Milagro Sala.»

Es por esa situación de riesgo que la comisión insta al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad» de la dirigente. Lejos de ser una recomendación, como sugirió el gobierno de Cambiemos, la comisión describe algunas «medidas alternativas a la prisión preventiva» que el Estado podría adoptar para cumplir con la resolución. Una es el arresto domiciliario. Otra, «que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica».

En ningún párrafo del documento la CIDH recomendó que «Milagro siga presa», como inventó el periódico ultraoficialista Clarín. En efecto, en el punto 48.6 la CIDH considera que el hecho de que Milagro «continúe privada de su libertad» a pesar de las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, «constituye un posible indicio que reforzaría lo alegado por los solicitantes en cuanto a la presunta intención de criminalizar su liderazgo social». O sea: la CIDH cree que hay elementos para considerar que Milagro es una presa política.

Como se consigna en el documento, Milagro fue apresada el 16 de enero de 2016 por realizar una protesta frente a la Casa de Gobierno provincial. En las formas, la orden de detención fue emitida por un fiscal. Pero la decisión fue del entonces flamante gobernador, el radical Gerardo Morales, que acumuló volúmen político aplastando a una de las líderes sociales más potentes y, por lo tanto, odiadas por el establishment local.

Miembro pleno de Cambiemos, Morales forjó su autocracia al amparo del Ejecutivo nacional: destruyó la obra de la Tupac, cooptó organizaciones sociales, nombró jueces adictos y sembró un régimen que domestica a base de billetes y persecución judicial.

Los atropellos de Morales recibieron el repudio de los organismos de Derechos Humanos más prestigiosos del mundo, como Human Right Watch y Amnesty International, quienes identificaron a Sala como una presa política. El informe de la CIDH hace una referencia en la misma dirección: «La Comisión ha constatado como especificidades del presente asunto que lo distinguen respecto de otros que ha conocido, que la situación presentada involucra la detención de una prominente líder social, mujer e indígena, que estaría enfrentada con el gobierno actual de la provincia, y que sería identificada con parte representativa de un sector de oposición».

Argumentos similares expusieron, en octubre pasado, los integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU que calificó de «arbitraria» la detención de Milagro Sala. Fiel a su estilo pendenciero, Morales replicó con una provocación: «A los organismos internacionales les falta información, han escuchado una sola campana. Si los organismos afirman que se viola un derecho, lo que tendrían que hacer es actuar inmediatamente, deberían venir con premura», dijo Morales.

Los organismos tomaron el consejo. Delegaciones de la ONU y la OEA estuvieron en Jujuy, comprobaron las condiciones de detención de Milagro, revisaron expedientes y emitieron documentos que detallan el hostigamiento del régimen y piden el cese de la detención. A conclusiones idénticas llegó la procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien hace ya tres meses remitió a la Corte Suprema un dictamen donde solicita que se deje «sin efecto» la detención de la dirigente, a la que calificó de «ilegal».

Atenta a los intereses políticos del gobierno, la Corte mantiene en suspenso su decisión. En los hechos, esa dilación prorroga el «hostigamiento» que pone en riesgo la «vida y la integridad» de Milagro, según las propias palabras de la CIDH. La resolución de la comisión, sin embargo, podría empujar a la Corte a tomar una decisión, para no quedar expuestos como cómplices de atropellos que suman repudios en el mundo.

El gobierno espera, también, que la Corte resuelva el asunto para reducir el costo político que puede sufrir frente a sus fanáticos. Esa fracción de oficialistas, guiada por el odio anti K, considera que las acusaciones contra Milagro son caso cerrado y cree que está «bien presa». Los propios Macri y Morales alentaron esa demonización, que contradice el principio de presunción de inocencia, para hacer uso político de «la grieta» y debilitar a las organizaciones sociales.

Si la Corte resolviera que Milagro debiera cumplir prisión domiciliaria, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro: mantendrá detenida a una de las dirigentes que más detesta, pero podrá decir que cumplió con la cautelar de la CIDH. «

«El Estado debe acatar la cautelar»

Elizabeth Gómez Alcorta es abogada de Milagro Sala. Reconoce que el pronunciamiento de la CIDH es importante, pero sabe -por los antecedentes- que lo que viene no es sencillo: lograr que el Estado cumpla con la resolución.

-¿El gobierno tiene modo de eludir la cautelar?

-El Estado nacional no puede negar su responsabilidad frente a los organismos internacionales que integra, como la CIDH. Por eso llama la atención el comunicado de (el secretario de Derecho Humanos, Claudio) Avruj, que pretende transferir la responsabilidad a la justicia de Jujuy. El artículo 28 de la convención americana establece que los estados nacionales no pueden delegar sus responsabilidades en los estados locales.

-¿La cautelar convalida la prisión preventiva, como interpretó el gobierno?

En una cautelar, la comisión no se expide sobre la cuestión de fondo, que en este caso es si está bien o mal dictada la prisión preventiva. La cautelar aborda una urgencia, que es la situación de Milagro a raíz de sus condiciones de detención. En ese aspecto, el documento es claro: Milagro no puede seguir en prisión.

-¿La prisión domiciliaria cumpliría con la cautelar?

En el artículo 45 del documento, la CIDH reitera los criterios emitidos por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que reclamó su liberación. Incluso en el punto 48.6 dice que el hecho de que aún siga presa a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas, es un indicio de que su detención está ligada a su posición política y su liderazgo social. La referencia a modos alternativos de detención sirven como ejemplo de lo que el Estado podría hacer para cumplir con la cautelar.

-¿La decisión es vinculante?

No hay dudas de que sea vinculante. El Estado debe acatar. En el caso Fontevecchia, el fallo de la Corte dice que los fallos internacionales no son de aplicación obligatoria en los casos en los que ya hubiera sentencias de la Corte. Pero este no es el caso, porque la Corte todavía no resolvió sobre ninguna de las dos causas en las que tiene que expedirse.

-¿Cree que a partir de este hecho la Corte se expedirá?

No sabemos, pero el hecho es que en 15 días el Estado argentino tiene que sacar a Milagro de la prisión. No es potestad de la CIDH fijar el modo: puede ser el Ejecutivo por decreto, la Corte con un fallo o la justicia provincial de Jujuy. Lo concreto es que, sea del modo que sea, la cautelar de la comisión se debe cumplir.