El gobierno nacional volvió a habilitar la prisión militar de Campo de Mayo para recibir a represores. Cerrada desde 2013, el Servicio Penitenciario Federal formalizó el cambio de época a través de la resolución 2004/16 que habilita provisoriamente el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo (U.34) para el “alojamiento transitorio de los internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad”.

El Instituto Penal de las Fuerzas Armadas situado en Campo de Mayo pasó a la órbita del Servicio Penitenciario en 2007 y fue cerrado en 2013 por no cumplir las normas de seguridad. En ese predio militar funcionarion varios centros clandestinos de detención en la última dictadura y una maternidad clandestina.

El pasado 1 de diciembre, el director nacional del SPF, Emilio Blanco, firmó la Resolución 2004 convirtiéndose en la etapa final de esta estrategia de trasladar a los condenados por delitos de lesa humanidad a este predio militar: que incluye el uso de las instalaciones como los quinchos, canchas de fútbol o hectáreas verdes a total disposición.

La resolución, a la que Tiempo tuvo acceso, destaca que el SPF “se basó en el Manual sobre Reclusos con Necesidades Especiales elaborado por la ONU en el 2009” en cuyo capítulo 6 trata a los “reclusos de la Tercera edad”.

Blanco consideró entonces que “teniendo en cuenta que los internos condenados o procesados por delitos de lesa humanidad, actualmente alojados en el Instituto Correccional de Mujeres Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”, más conocido como la Unidad 31 o el Penal de Ezeiza, “constituyen una de las franjas de la población penal integrada por adultos mayores de 60 años, que en su mayoría sufren de diversos problemas de salud”, debían estar cerca de un centro de salud a la altura de sus necesidades.

Esta decisión del gobierno nacional había sido advertida por la orden de traslado a Aníbal Alberto Guevara Molina, ex teniente del Ejército condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y quien además protagoniza otro debate oral en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

A pesar de ello, sin consultar a los jueces, el Servicio Penitenciario Federal trasladó al sospechoso desde Marcos Paz al predio del Ejército de Campo de Mayo, cuya estadía distará bastante de lo que significa estar en una cárcel. Pero no será el único, ya que hay cupo para 125 presos “vip”.

Guevara Molina fue trasladado intempestivamente el viernes por la noche. Así se lo informó el SPF, a través de un mail enviado cerca de las 21, al Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza. Los jueces recién pudieron pedir explicaciones el lunes por la mañana. La respuesta no dejó de sorprender a los magistrados y desnudó el plan que se viene tejiendo desde hace meses.

La excusa de este traslado (y los que vendrán) fue la implementación a principios de mes de la Ley de Flagrancia y que las cárceles se están atestando de presos comunes.
La resolución detalla que el Instituto Penal es el lugar ideal dado que está en “cercanías del hospital Militar de Campo de Mayo “Cirujano Primero Dr. Juan Madera”, a escasos mil metros de distancia”. Además, “el citado instituto cuenta con atención médica y ambulancia para el uso permanente y exclusivo del mismo, las 24 horas del día, lo que permitiría una asistencia acorde a las necesidades específicas de estos internos”.

Por otro lado, el director del SPF subrayó que ya se realizaron las “refacciones en los sectores de tratamiento y seguridad” y la construcción de “un primer cordón de seguridad”, “un segundo perímetro con una alambrada de2,5 metros de altura con concertina” y un tercer límite que incluyó la instalación de “cuatro puestos en altura a un metro del suelo”.

Según se precisó en la resolución, la Dirección General de Régimen Correccional y la Dirección de Auditoría General, no encontró ninguna objeción al traslado de estos presos.