“Está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno”, advirtió Mauricio Macri desde Berlín, ante la consulta del periodista Gabriel Sued de La Nación. “¿Se refiere a los periodistas que estaban haciendo su trabajo ahí?”, retrucó el enviado. Y el entrevistado remató: “Claro, claro”.
Con esa breve argumentación, el Presidente acusó de usurpadores a los trabajadores de Tiempo y buscó tender un manto de sospecha sobre los integrantes del diario que fueron atacados en la madrugada del lunes.  Además, desconoció que los trabajadores tienen la guarda del edificio donde funciona la redacción a través de un acto del Ministerio de Trabajo del 17 de febrero.
La  hipótesis que Macri agitó desde Berlín dos días después de los hechos había comenzado a desgranarse durante la madrugada del ataque y es la misma explicación que utilizó el presunto comprador del diario, Mariano Martínez Rojas, cuando habría llamado al 911 antes de ingresar con la patota que contrató. Según explicaron desde el gobierno porteño, lo hizo para denunciar que “su empresa había sido usurpada” y que “iba a ingresar a recuperarla”. El ardid que usó el contratante de la patota es uno de los dos llamados que recibió el 911, según confirmó a este diario una alta fuente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que tiene bajo su mando a las 54 comisarías porteñas, actualmente identificadas bajo la identidad de la Policía Federal de la Ciudad. El segundo llamado que llegó al 911, según la misma fuente, fue el que hicieron los trabajadores del diario para denunciar el ingreso y ataque de la patota.
Fuentes de la cartera porteña de Seguridad confirmaron a este diario que instruyen una investigación dentro de la Policía, aunque oficialmente voceros de la fuerza descartaron un sumario.
En rigor, desde ese Ministerio ya pidieron informes al 911 para que detalle el contenido y las horas de los llamados recibidos. También a la comisaría 31 y a los efectivos que llegaron al lugar, comandados por el subcomisario Aparicio: el mismo funcionario que habría presenciado el ingreso de Martínez Rojas gracias a los buenos oficios de un cerrajero y que luego informó a la fiscal Andrade de una intrusión, donde los usurpadores eran los trabajadores agredidos. Ante las denuncias de los periodistas que estaban  en la puerta, y la presentación de documentación del Ministerio de Trabajo, Aparicio y Andrade fueron cambiando de parecer, hasta que finalmente aceptaron que los trabajadores del diario se quedaran dentro del edificio, tras ser advertidos por la abogada María del Carmen Verdú (CORREPI) de afrontar denuncias por incumplimiento de los deberes de funcionario. Hasta ese instante ambos le creyeron fervientemente a Martínez Rojas, mientras un grupo de agentes protegía a su patota.

INTERPRETACIONES OFICIALES
Desde la cartera porteña de Justicia y Seguridad buscaron tirarle la pelota a la fiscal Andrade y negaron que el subcomisario Aparicio hubiera presenciado el ingreso de Martínez Rojas al edificio, un dato que esgrimió el presunto comprador del diario públicamente.
“La policía llegó al lugar y desde entonces empezó a dar ordenes la fiscal, lo que pasa es que hubo un cambio de actitud porque fue un hecho confuso donde la fiscal fue echando luz a lo que estaba pasando y se buscó un punto medio para bajar los decibeles”, justificó un  funcionario que reporta a Martín Ocampo,  sin explicar si Aparicio y sus hombres ingresaron antes o después de la irrupción de la patota y su contratante. “Martínez Rojas le echa la culpa a la Policía, pero nosotros no autorizamos nada, y eso echa por tierra las acusaciones de connivencia con la patota”, se defendió con cautela el funcionario consultado. “El cambio de la fiscal sucedió cuando se empezaron a despejar algunas cuestiones. Al principio alguien iba de buena fe a un recuperar un lugar usurpado y estaba pasando todo lo contrario”, explicaron los funcionarios para justificar un viraje que también será investigado en las modulaciones policiales. 

TIRONEOS
Apenas el ataque de la patota estalló en los medios la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a desligarse. “Sin dudas es un tema competencia de la Ciudad, pero ya son públicos los enfrentamientos entre ambas jurisdicciones. Ahora sólo se comunican en forma institucional y no comparten ni la información diaria”, confió a este diario un legislador del oficialismo porteño que sigue de cerca la transferencia de la Federal. La pelea entre las carteras de Seguridad de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires ya son públicas, pero las tiranteces entre Bullrich y Ocampo se profundizaron cuando los diputados nacionales del Frente para la Victoria pidieron esta semana interpelar a la ministra y a su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, por el papel de la policía en el caso de Tiempo. En medio de esa tensión Bullrich dijo que “Martínez Rojas debía ir preso” y Burzaco destacó “el esfuerzo de los trabajadores del diario”. Ambos siguen apuntando a la Ciudad y cerca de Ocampo se escudan en investigaciones internas. Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguno de los funcionarios se habia acercado al diario. «