“Es hora de hacer algo de verdad. Hay que cambiar ahora mismo las leyes, los edificios, el ancho de las puertas, las veredas, los asientos de los colectivos, los espacios de los aviones, las reglas obsoletas, los trámites del Estado, todos los baños públicos, las normas de las escuelas, los juegos de las plazas, los recursos humanos, los hoteles alojamiento…”, escribió el presidente Mauricio Macri el 11 de mayo en Facebook, haciéndose eco de “Discapacidad, un manifiesto”, una solicitada creada por Presidencia. El mensaje oficial avizoraba cambios en las políticas de las pensiones. Ahora, se sabe que entre enero y los primeros días de junio, 83.133 casos fueron dados de baja o suspendidos, de acuerdo a los datos que accedió el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De esta manera, el gobierno justificaba algunas modificaciones que estaban en puerta, como el traspaso de las pensiones por invalidez que pagaba el Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de la Anses. Según la información analizada por CEPA, basada en datos proporcionados por Desarrollo Social, desde 2003 a fines de 2014 se registraron 1.610.615 altas de beneficiarios de pensiones no contributivas: de ese universo, el grueso, 1.159.446, pertenece a los pensionados por invalidez; por vejez, son 87.262; madres de siete hijos, unas 333.627; apenas 694 pensiones especiales; y 27.572 graciables.

“Se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa que representan más de 83.000 casos. La mecánica de implementación de estas bajas fue sin aviso. Los titulares se encuentran que no pueden cobrar su pensión cuando se dirigen a un cajero o en la ventanilla del banco”, graficaron desde CEPA.

“En efecto –continúa el informe-, no hay previo aviso, ni pedidos precedentes para aclarar la situación patrimonial. Tampoco se producen cruces con los registros de Anses y no hay pedidos de corrección de Actualización de Datos Personales (ADP). Todos estos mecanismos son parte de un procedimiento que debería seguirse antes de tomar la decisión unilateral de impedir el cobro y suspender el derecho”.

Desde CEPA destacaron que “sólo el 30% de estas suspensiones se rehabilitan, ya que los titulares de derecho en muchos casos son personas de bajos recursos que simplemente se resignan”.

Del desglose de datos, surge que de los 83.133 casos, 71.706 son pensiones por invalidez (52.491 suspensiones y 19.215 bajas directas); 11.427 por pensiones para madres de siete hijos (5.714 suspendidas y 5713 dadas de baja).

Las principales causas por las cuales se dejó de lado a estos beneficiarios fue que tuvieran un auto, que los cónyuges hayan recibido algún beneficio previsional y tener un trabajo en blanco.

Estas modificaciones se deben a que el gobierno desempolvó el decreto 432 de 1997 por el que buscaba “dar de baja las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad”. Esta norma “exige probar que estas personas beneficiarias están en condiciones de indigencia. Sin embargo, los titulares de pensiones por discapacidad no necesariamente se equiparan a personas indigentes”.