Unos días después de que se conociera el pedido de licencia, el gobierno decidió presentar una denuncia contra Marcelo D’Alessandro, el ministro implicado en las filtraciones de los chats tanto de Lago Escondido como las comunicaciones que vinculan al PRO con la justicia.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, fue el encargado de anunciarlo y aclaró que fue por instrucción del presidente Alberto Fernández, quien le encomendó presentar una denuncia penal en la justicia para que «se investigue» al ministro de Seguridad y Justicia porteño actualmente en uso de licencia, por los presuntos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado».

«Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro: se imputan los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado, entre otros»,  escribió el ministro en cuenta en la red social Twitter.

Soria informó que se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, en la que pidió que D’Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que «se investigue» al ministro de Seguridad de CABA por «la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales».

En este sentido, Soria recordó que los chats «involucran» también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», afirmó el ministro.

El escrito presentado plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos» y esto sería «incompatible con un Estado de Derecho».

La denuncia presentada por Soria pide investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A. Asimismo, desde el gobierno denunciaron que «la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados», que estaría compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, «podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño».

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.