Después de varias idas y vueltas, y a pesar de que esta semana se especuló con lo contrario, el gobierno no tratará el Presupuesto 2025 en el pedido de sesiones extraordinarias que solicitará formalmente en las próximas horas. La decisión se da horas después del comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, con el que presionaron al oficialismo para aumentar las partidas a las provincias el próximo año.
Con la decisión tomada, la gestión libertaria volverá a gobernar por segundo año consecutivo con la hoja de ruta económica que confeccionó Sergio Massa en 2022. Lejos de preocuparse, en Casa Rosada advierten que todo marcha acorde al plan, puesto que tendrán la garantía de utilizar discrecionalmente los fondos del Estado en un año electoral. El sueño del pibe.
Si bien en las últimas semanas los movimientos del gobierno dieron muestra de lo contrario, lo cierto es que nunca hubo una intención real de aprobar la Ley de leyes. A pesar de las reuniones en comisión encabezadas por José Luis Espert y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y las abultadas cumbres en Casa Rosada con bloques aliados, el oficialismo no aceptó ninguno de los cinco puntos que los gobernadores pusieron como moneda de cambio para garantizar su apoyo en el recinto.
En la reunión que llevaron adelante en el CFI la semana pasada, los mandatarios provinciales acordaron llevar a la mesa de discusión con el gobierno cinco puntos claves para incluir en el Presupuesto. La deuda por cajas previsionales que mantienen trece de las veinticuatro provincias; la vuelta de la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que el oficialismo cortó desde que llegó al poder en diciembre; la posibilidad de coparticipar el impuesto a los combustibles, limitar la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal y garantizar la compensación del Pacto Fiscal firmado en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Con la insistencia de estos reclamos, días atrás el gobierno cerró toda posibilidad de negociación. La justificación que daban por entonces era que la cifra que exigían las provincias ponía en jaque el plan de déficit cero que el presidente no está dispuesto a entregar bajo ningún término. Se trataría de 3700 millones de pesos que en Nación no tienen en mente entregar.
“No estamos dispuestos a negociar ninguno de los puntos del comunicado. Si ellos quieren presupuesto, tienen que aprobar el que está», reafirmó esta mañana una fuente al tanto de las negociaciones con los popes provinciales, respecto a la confirmación de no tratar la ley de leyes en la extensión del período de sesiones.
Esto abrirá un nuevo foco de conflicto con los gobernadores, quienes no sólo tienen la llave de los votos en el Congreso, sino que además serán a quienes el oficialismo deberá ir a buscar para desembarcar con sus listas legislativas del próximo año sin mayores conflictos.
En tanto, y tal como había adelantado este medio, el gobierno está dispuesto a tratar la reforma política, que dispone la eliminación de las PASO, la modificación del financiamiento de partidos políticos y la privatización de Aerolíneas Argentinas. Tampoco se descarta la posibilidad de tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, esto último sólo si logran asegurar los votos en el recinto.
El acusador acusado
El gobierno intenta hacer equilibrio. La decisión de ir a fondo con la eliminación de las Primarias afecta directamente al PRO, que aún no logra encontrar su lugar en el tablero político y se mantiene como furgón de cola de un oficialismo envalentonado. Sin esta instancia, el partido fundado por Mauricio Macri se verá obligado a aceptar sin chistar los términos y condiciones que La Libertad Avanza pondrá para cerrar las listas del próximo año.
Esta avanzada separatista se da, además, en el marco de la escasa colaboración del oficialismo para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que empujó la ex larretista Silvia Lospennato. El gobierno sólo colaboró con 31 de las 39 bancas que posee, un movimiento que enfureció al espacio amarillo, que esperaba un gesto de gracia en medio de los cortocircuitos que generan la poca voluntad del gobierno de darle un trato preferfencial a los gobernadores del espacio.
En el PRO proliferan las especulaciones. Aunque sin animarse a romper, por lo bajo no son pocos los referentes del espacio que dan por hecho que el oficialismo concretó un acuerdo con el peronismo para avanzar en sus planes parlamentarios. No sólo la decisión de no acompañar Ficha Limpia es lo que los alerta. La firma de la kirchnerista Lucía Corpacci en el pliego de Ariel Lijo -el único magistrado que logró conseguir las nueve firmas necesarias para avanzar con el tratamiento de su pliego en el recinto-, dicen que es una muestra fehaciente de ello.
También creen que las negociaciones con Unión por la Patria se extendieron para el proyecto de eliminación de las PASO y el apoyo del bloque mayoritario a renovar la presidencia de Martín Menem en la cámara baja. El lugar del riojano es más que codiciado por el PRO. Fue durante la firma del Pacto de Acassuso que Macri pidió a su entonces nuevo aliado la banca de la presidencia para Cristian Ritondo, un lugar que el propio Santiago Caputo se encargó deliberadamente de no entregar.
En el oficialismo no se hacen cargo de las acusaciones del PRO, pero tampoco ponen énfasis en disipar las versiones de un pacto con el kirchnerismo. En Balcarce 50 saben que la figura de Cristina Fernández de Kirchner es central para mantener vigente su discurso de polarización, por lo que no avanzarán en ninguna medida que pueda dejarla fuera de juego en el 2025 o -ciencia ficción mediante- 2027.
Esto explica la escasa voluntad para aprobar Ficha Limpia. El encargado de dejar a la vista la postura del oficialismo sobre Ficha Limpia fue Daniel Parisini, conocido por su arroba Gordo Dan. A través de su cuenta de Twitter, el líder del brazo digitalmente armado del gobierno afirmó “Bolsonaro ahora mismo por Ficha Limpia no puede ser candidato nunca más en Brasil porque la justicia de Lula lo condenó por una causa inventada”. La cancha quedó marcada.
