El fiscal general de Jujuy, Jorge Lello Sánchez, y el fiscal de Estado, Mariano Miranda (foto), salieron en tándem a cuestionar el fallo de la CIDH y la decisión de la justicia de Jujuy de otorgarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala y aumentaron así la presión sobre la dirigente social luego de que el gobernador Gerardo Morales endureciera su discurso sobre el caso.

Ambos funcionarios judiciales fueron claves en la persecución judicial contra Milagro Sala en la provincia. Tras las declaraciones de Morales contra la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria a la dirigente social, a la que consideró “vergonzosa”, los dos funcionarios judiciales salieron a respaldarlo.

«Ella tiene que seguir donde está. En prisión preventiva, en el establecimiento carcelario (de Alto Comedero) porque no tuvo ninguna afectación física ni clínica que amerite» el cumplimiento del arresto domiciliario, dijo Lello Sánchez en diálogo con Radio La Red y calificó de «irregular» la forma en la que se tomó la decisión y agregó que le «llama la atención» ya que el expediente está en la Corte Suprema. Para Sánchez, el fallo de la CIDH “no es obligatorio” y lo relacionó a un “lobby político internacional”.

Mariano Miranda, por su parte, afirmó que «la decisión de la CIDH es un injusto privilegio para una persona investigada por fraude millonario», dijo en radio Mitre.

Ambos funcionarios se refirieron al inmueble destruido donde Sala deberá cumplir la prisión domiciliaria.

“Es una mansión que estaría valuada en 3 millones de dólares y que fue construida con fondos que tenían otro destino, la construcción de vivienda social», cargó Miranda.

«Allí (Sala) pasaba los fines de semana, está ubicada en un lugar privilegiado y ahora aparece saqueada, pero no hicieron la denuncia sobre estos eventos. Aparece como una estrategia también», agregó Sánchez.

También podés leer: