El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy una medida cautelar ante la Corte Suprema para que continúen las clases presenciales en el ciclo lectivo a partir del lunes próximo. Por medio de la misma reclama la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 241/2021, que –entre otras medidas para frenar la vertiginosa ola de contagios de coronavirus- dispuso suspender por dos semanas las clases presenciales.
“El DNU del Gobierno Nacional viola de manera flagrante la Constitución Nacional, en cuanto garantiza el respeto de las autonomías provinciales en tanto estas aseguren la educación primaria y en cuanto garantiza y establece específicamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, subrayó la presentación, de más de medio centenar de páginas.
“Este DNU –añade- viene a subvertir el orden constitucional en tanto en virtud de los artículos citados, corresponde al Estado Nacional garantizar la autonomía de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto dichas jurisdicciones aseguren el régimen representativo y republicano, la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria”. Según la acción judicial, el DNU “viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
Rodríguez Larreta le pidió a la Corte el dictado de una medida cautelar que impida la suspensión temporal de las clases con presencia de los alumnos en los colegios y las reemplace por la virtualidad. “Está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, argumentó el gobierno porteño, al calificar de “arbitraria” la medida dispuesta por el gobierno nacional.
La causa ingresó directamente por la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, que es la encargada de tratar las cuestiones que previamente no pasan por ningún otro tribunal. “En razón de las partes intervinientes en el conflicto y dada la cuestión constitucional involucrada, la Corte Suprema resulta competente para entender en la presente acción con carácter originario. La cuestión litigiosa se configura a raíz de las funciones que se arroga el Estado Nacional, que pone en entredicho las facultades constitucionalmente atribuidas a la CABA”, resume la presentación.
El gobierno denunció, además, “una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021”.
