El gobierno de Chubut se que encabeza el gobernador Mario Das Neves anunció que la provincia se presentará como querellante en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, que lleva adelante el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, lo adelantó el lunes durante una visita a Comodoro Rivadavia, al informar que instruirá al subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen, para que realice los trámites ante Otranto para formalizar a la provincia como parte de la querella en la investigación para determinar el paradero del joven desaparecido hace casi un mes.

“Luego del cambio de la carátula, el Estado provincial se va a presentar como querellante en la causa. En esta semana vamos a hacer la presentación para ponernos como querellantes», afirmó Durán en diálogo con medios locales, en referencia al pedido de la fiscal Silvina Ávila para que la investigación se lleve a cabo bajo la figura de “desaparición forzada”.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó que el programa de protección de testigos que funciona en la órbita de la cartera a su cargo no recibió ningún pedido de protección de testigo.

«Nosotros hemos puesto a disposición el programa de protección de testigos que funciona en la órbita del ministerio a mi cargo. Todavía no hemos recibido ningún pedido de protección de testigo en la órbita de ese programa», dijo el funcionario en declaraciones a radio Mitre y La Red.

Garavano calificó a la investigación para determinar el paradero del joven desaparecido en Chubut el 1 de agosto último como «una situación muy complicada» y consultado sobre si se trata de una desaparición forzada, sostuvo que esa definición la tiene que tomar la justicia. «No me corresponde abrir juicio sobre una investigación en trámite», señaló el ministro y precisó que «hay un juez y tres fiscales que están interviniendo», además de la procuraduría especializada en violencia institucional y la Fiscalía Nacional de Investigaciones.

«Estamos a la espera de la resolución y al menos la claridad en relación a qué fue lo que pasó, si intervino como dicen algunos testigos o personas, porque técnicamente no han declarado como testigos en el expediente de que intervino la Gendarmería en el hecho o eso no se verifica y hay que buscar otras hipótesis», añadió.

No obstante, Garavano precisó que hay recomendaciones tanto de Naciones Unidas como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que en caso de duda, hay que investigar el hecho como si fuera una desaparición forzada. «Esto implica que la fuerza de seguridad que intervino no vuelve a intervenir y así está sucediendo. La Gendarmería hace tiempo que no interviene en el expediente. Y esto implica que también el juez y las fuerzas de seguridad tienen que tomar algún tipo de recaudos adicionales en relación a testigos y a otros participantes», dijo.