Cuando al lunes le quedaban cuatro horas, y el reloj restaba diez minutos para marcar las 20, el secretario de Coordinación Interministerial y ex dueño de Farmacity, Mario Quintana, comenzó a caminar la alfombra roja, del Salón de los Bustos presidenciales, para abandonar la Casa Rosada. Lo hizo en silencio, con su bolso de cuero en la mano izquierda, y la derecha en el bolsillo. Partió en soledad. Así cerró la primera jornada posterior a la corrida cambiaria de la semana pasada, donde perdió poder ante el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, luego de una pulseada de cinco meses entre el equipo de la entidad monetaria y la jefatura de Gabinete, que encabeza Marcos Peña.

El saldo desfavorable para el funcionario, que interviene en cuestiones de macroeconomía del Gabinete, quedó diluido, al menos por ahora, dentro de la vertiginosidad de la crisis que comenzó el miércoles de la semana pasada y que desató picos de histeria cambiaria. El dólar trepó el jueves hasta los 24 pesos, y un volantazo presidencial le dio vía libre a Sturzenegger, y al cuestionado ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para elevar la tasa al 40% y vender más dólares hasta dominar la estampida. La divisa cerró el viernes por encima de los 22 pesos y este lunes quedó en 22,33. Entre una paridad y la otra, la administración de Cambiemos respira un clima distinto: menos tenso que en la semana corta que concluyó con la tasa de interés más alta del mundo, pero con la obsesión presidencial puesta en mostrar una imagen monolítica de toda la alianza Cambiemos detrás del ajuste que ratificó Dujovne hace tres días, que implica un recorte de 3.200 millones de pesos para lo que resta del año. Algunos funcionarios sostienen que será en obras públicas, otros no se animan a precisarlo, y hay quienes consideran como «algo inevitable» que el tijeretazo comprometa áreas sociales y sanitarias, además de empleos públicos y contratos a través de universidades.

Cerrar filas para el ajuste

En el inventario de medidas resueltas para contener la crisis cambiaria, el presidente Mauricio Macri mantuvo este lunes cuatro reuniones para mostrarse activo, sin hablar públicamente al respecto, y para ordenar la tropa en vísperas de la próxima sesión de la Cámara de Diputados prevista para el miércoles. Se concretará un round postergado desde la semana pasada, para tratar los proyectos presentados para frenar y retrasar el tarifazo. El jefe de Gabinete Marcos Peña ya anticipó que el Presidente vetará cualquier intento del Poder Legislativo de intervenir en la política tarifaria del Ejecutivo y defendió la aplicación total de tarifazo. Con esa espada de damocles para su propia imagen, Macri aceptó una negociación promovida por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de la Cámara Baja, Emilio Monzó, para dar quórum a ese tratamiento a cambio de incluir otros proyectos de interés para el oficialismo, como la ley de mercado de capitales.

En el recinto de Diputados del próximo miércoles el Gobierno pondrá a prueba parte del plan de contención que Macri primero analizó en Olivos por la mañana, con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Luego lo aplicó en la Rosada al finalizar la tarde, en el filo del crepúsculo, con los socios partidarios de Cambiemos, a través de su Mesa Nacional. En el medio encabezó una larga reunión con el equipo económico, donde monitoreó la evolución de la corrida que este lunes, tal como anticipó Tiempo en su edición del domingo, cerró la paridad con el billete verde a 22,30, por debajo de los 22,50 que pronostica el entorno presidencial, dentro de lo que consideran una «devaluación controlada».

Dólar y precios, el contagio temido

«Yo pensaba que antes nos iba a cagar Clarín, pero primero fueron los mercados», bromeó un funcionario en medio del desfile de invitados al despacho presidencial para las reuniones previstas, que incluyeron dos menos advertidas: una cita con la Comisión de Reforma del Código Penal, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al titular de la cartera de Justicia Germán Garavano. La otra se concretó en el CCK, y estuvo en manos de Carolina Stanley, jefa del área de Desarrollo Social, junto a Quintana y el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para hablar con el «Gabinete de Desarrollo Humano», que reunió a funcionarios provinciales que transmitieron su preocupación ante la posible aplicación de un nuevo recorte en sus órbitas. En el medio del ir y venir de funcionarios, la fuente chicaneó sobre el rol del Grupo Clarín, en referencia a la amplia cobertura que le dan sus medios al traslado de la devaluación del peso a los precios de insumos básicos y a las naftas, un tema que precisamente el Ejecutivo busca relativizar a toda costa.

Que la marcha no llegue al recinto

El dato fue confirmado por el gobernador mendocino y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, cuando finalizó la Mesa Nacional de la alianza de gobierno y confirmó, a su manera, que los escuderos del oficialismo evitarán que se traslade al recinto el estado asambleario que esperan se produzca en la Plaza del Congreso, a partir de la marcha en repudio al tarifazo que convocó el Sindicato de Camioneros.

En un comunicado, que fue atentamente leído en Balcarce 50, la multisectorial contra el tarifazo que integran distintas centrales sindicales y «que lidera Hugo y Pablo Moyano» confirmaron una marcha para «este miércoles a las 18 frente al Congreso de la Nación, donde apoyarán nuevamente la ley que intenta retrotraer las tarifas de luz, gas y agua a los valores de noviembre del año pasado y donde se expresará el rechazo a las violentas subas de los servicios públicos que golpea la economía del trabajador».