Los 548 despidos en el Ministerio de Agroindustria junto con las amenazas de nuevas cesantías en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y el trascendido de que el gobierno dará de baja los acuerdos con los entes cooperadores mañana, con lo que 10 mil puestos de trabajo entrarían en zona de riesgo, reavivaron el alerta entre los empleados estatales respecto de las consecuencias que tendrá la aplicación del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario en lo que hace al empleo estatal.

El pacto entre el gobierno nacional y el FMI prevé un golpe sobre el empleo estatal por dos vías. De un lado, con la reducción de puestos de trabajo, y del otro, por medio de la licuación de los salarios.

Concretamente, la Carta de Intención que envió el gobierno y que sirvió de base para elaborar el programa de ajuste que sostiene el préstamo stand by dice: «Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se irá reduciendo a través de: (i) no renovar cargos en puestos no prioritarios, (ii) congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y (iii) eliminar las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2% del PBI en 2017 a 2,7% hacia el final del programa».

Esta propuesta empalma con un programa que pergeñó el gobierno desde 2016 y cuya aplicación está vigente a partir de un año después: el plan de dotaciones óptimas, que implica una reducción constante de la plantilla de trabajadores estatales y cuya última versión apuntaba a lograr la eliminación de 20 mil puestos de trabajo.

El plan de dotaciones óptimas nunca fue expresado públicamente por el Ministerio de Modernización, que llevó a cabo las tareas previas de investigación sobre el personal, a fin de conocer si la dotación de cada dependencia se ajustaba a las funciones asignadas.

La otra vía de ajuste sobre el empleo estatal, la salarial, también está contemplada en el acuerdo con el FMI. Allí se lee que un objetivo es cubrir «el crecimiento nominal de los salarios del sector público (incluidos los beneficios y pagos no salariales) a un promedio de 8% durante junio de 2018-junio de 2019. Acuerdos con los sindicatos a este efecto ya han sido firmados».

Según los cálculos del FMI la aplicación de esta política salarial implicaría un ahorro presupuestario del 0,2% del PBI en 2018 y del 0,3% en 2019.

Algo de esto se está aplicando en la universidad. El planteo del gobierno de suspender todas las reuniones vinculadas a la discusión salarial a fin de imponer el 15% de incremento apunta a licuar los salarios en dólares, más aún luego de la devaluación. Así, se reduce su peso como porcentaje del PBI también medido en dólares.

El sindicalismo tiene un gran desafío para enfrentar esta ofensiva contra el empleo estatal. ATE Capital convocó a un paro con movilización al Ministerio de Agroindustria para repudiar los despidos, mientras que ATE Nacional ya tenía previsto un paro de 24 horas para el 12 de septiembre junto con la CTA Autónoma.

Pero lo sucedido en el Enacom puede ser una muestra de las dificultades que enfrentan: tanto UPCN como ATE se declararon en alerta y no tomaron medidas a la espera de que el gobierno tome la iniciativa. Para ese momento, una reacción puede ser tardía. «

Marcha por la agencia Télam, el miércoles

Los trabajadores de la agencia estatal de noticias Télam se movilizarán en la tarde del próximo miércoles al CCK, donde funcionan las oficinas del Sistema Federal de Medios Públicos que dirige Hernán Lombardi.

Reclamarán la reincorporación de los 357 despedidos el 26 de junio. Desde ese día, la agencia dejó de funcionar –tanto en su faz periodística como en la publicitaria– por un paro total de actividades, acompañado por una permanencia de los trabajadores en los dos edificios en los que se desempeña la agencia.

También forma parte de la convocatoria a la movilización el Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (Sipreba), que convocará a un cese de tareas entre las 13:30 y las 16 del miércoles.

El conflicto de Télam acumulará para ese momento 70 días durante los cuales la justicia laboral, tanto de primera instancia como de segunda, declaró ilegales las cesantías porque violaban la legislación vigente al superar estas el 10% de la plantilla siendo que la conducción de la agencia no había iniciado las presentaciones vinculadas al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), única vía legal que permite a una empresa a realizar desvinculaciones masivas de personal.

Por otro lado, la conducción de la agencia asistió en dos oportunidades al Congreso, citada para dar explicaciones sobre los despidos y sus causas. Con la cantidad de personal no despedido no se podrían sostener todos los servicios de la agencia. De hecho, varios de ellos, incluidas las corresponsalías en ciudades del interior, quedaron totalmente desmantelados.