El gobierno decidió acelerar la inclusión de las Fuerzas Armadas en la mentada «guerra contra el narcotráfico». Pero la aplicación plena de ese deseo todavía choca con un límite: la ley. Y no una ley cualquiera. Las normas que delimitan el accionar de los militares en defensa y seguridad interior son de las pocas cosas que la Argentina logró con amplio consenso de la política nacional.
Para revertir esa legislación el gobierno debiera contar con una mayoría legislativa aplastante o el acuerdo explícito de las principales fuerzas políticas, sociales y culturales del país. No tiene ninguna de las dos. Por eso decidió explorar salidas alternativas: saltear el cepo legal con decretos y estimular un «operativo clamor» en favor de la militarización de la seguridad. El oficialismo trabaja en ambas cosas a paso redoblado.
Esta semana, el gobierno exhibió fragmentos del plan, que fue urdido en secreto, como reveló Tiempo Argentino dos meses atrás. El lunes, a través del periódico La Nación, el Ejecutivo informó que el presidente tiene a la firma dos decretos con el que promete «reforzar la lucha contra el delito en las fronteras con apoyo de las FF AA.» El artilugio que les permitirá a los uniformados rozar tareas que tienen vedadas es una «reforma estructural del sistema de control en las fronteras», corazón de las normas que Mauricio Macri se dispone decretar.
El trascendido oficial le asigna un rol clave a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, una repartición sin mayor lustre que dejaría de vegetar en el Ministerio del Interior para brillar como eje de la «lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y los delitos trasnacionales».
Para cumplir con esas nuevas tareas, se informó, la Comisión tendrá bajo su órbita al subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, al subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, al subsecretario de Desarrollo de Fronteras, al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería, al subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa, el director de la Gendarmería, el Prefecto Naval, el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al jefe de la Policía Federal.
También tienen espacio reservado los gobernadores, que serán vocales.
Toda esa estructura responderá a la Secretaría de Fronteras, que conduce Luis Green. En honor a su apellido, el hombre dedicó buena parte de su vida adulta al negocio del golf. Y a militar en Unión Por Todos, la pyme partidaria de Patricia Bullrich, su jefa política y en el Ministerio de Seguridad.
Con apariencia de repartición insípida, la Comisión que regula las Zonas de Seguridad nació en 1944, cuando se establecieron los perímetros limítrofes que el país debía proteger. Según la ley que las creó, esas zonas están ubicadas en el espacio adyacente al límite internacional, estableciendo una franja de 150 kilómetros desde la frontera terrestre y otra de 50 kilómetros a partir de la costa.
La regulación sobre esas zonas sufrió múltiples retoques desde su creación. La mayoría de las modificaciones, como ocurrió en los ’90, flexibilizaron las reglas para favorecer la explotación comercial de los territorios. Ahora, en cambio, lo que se busca es modificar la norma para permitir que las Fuerzas Armadas patrullen sobre el suelo nacional sin violentar la ley que lo prohíbe. ¿Cómo se hará? Estableciendo mayor rigidez en el control de las fronteras con el «apoyo logístico» del personal militar, y ampliando la extensión de las franjas donde esas fuerzas tienen permitido operar.
El modelo es similar al que aplicó Brasil para legalizar el arribo de las Fuerzas Armadas en las barriadas pobres del país. La primera experiencia fue la Operación Ágata. El operativo se elaboró dentro del Plan Estratégico de Fronteras, creado el 8 de junio de 2011 por Dilma Rousseff con el pretendido objetivo de «neutralizar el crimen organizado y la reducción de los índices de criminalidad».
La participación de efectivos militares en la operación Ágata 1 del año 2011 fue de 3044, cifra que aumentó a 8494 al año siguiente. Desde entonces, la presencia del Ejército se extendió por el territorio brasileño, incluidos los centros urbanos alcanzados por las Faixas de Fronteira, el equivalente a las franjas que se aplican en la Argentina.
Amnesty Internacional advirtió sobre las consecuencias que tienen esas políticas sobre el país vecino: «La estrategia brasileña de ‘guerra contra las drogas’, destinada a combatir el narcotráfico, la violencia y la crisis de seguridad pública, problemas acuciantes en el país, ha fracasado rotundamente y está dejando una estela de sufrimiento y destrucción», resumió Atila Roque, director de Amnistía Brasil.
Argentina, sin embargo, parece encaminada a replicar la experiencia.
Según el proyecto que el gobierno deslizó a La Nación y dos días después a Clarín- uno de los decretos a la firma del presidente Mauricio Macri «estipula que en 180 días se deberá realizar una revisión de alcance geográfico de la zona de seguridad de fronteras en todo el país». O sea: se buscará expandir el área operativa corriendo los límites de las franjas de seguridad.
Si todo sale como lo difunde, los decretos encumbrarán a Bullrich como triunfadora en la contienda que mantiene con José Gómez Centurión. El ahora repuesto director de Aduanas orientó desde su origen el proyecto para incluir a las FF AA en la «lucha» contra el crimen. Pero la oportuna denuncia que lo alejó interinamente del cargo promovió las acciones de Bullrich, que se quedó con la aplicación del plan. Un detalle: Bullrich fue, precisamente, quien vehiculizó la denuncia que dejó fuera de combate a Centurión.
Victoriosa, la ministra avisó que va por más. «En otro de los decretos consigna el artículo, remitiendo a fuentes oficiales- se establece que se planteará una actualización de toda la normativa de control en las fronteras tendiente a dar con una futura ley de seguridad nacional». Esa ley que el gobierno pretende reformar es, precisamente, la que todavía prohíbe a las Fuerzas Armadas operar en seguridad interior. «
