Con el apoyo de movimientos y organizaciones sociales, el gobierno nacional puso en marcha hoy el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país.

La normativa se impuso mediante un decreto 358, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

El gobierno dispuso la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.

La medida beneficiará a 500 mil hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas.

La gestión del PRO en la Ciudad lleva como campaña la urbanización de villas desde hace meses. Horacio Rodríguez Larreta lo instaló como prioritario en su discurso pero especialistas y organizaciones sociales coinciden en que el proceso no abarca a todas, sino que se centra en cinco asentamientos que necesitan ser urbanizados para luego promover en esas zonas proyectos de desarrollo que, como el Paseo del Bajo, involucran un negocio millonario para las constructoras que monopolizan la obra pública porteña.

¿Por qué ahora el macrismo impulsa como política de Estado la urbanización de villas, cuando en ocho años tuvo 91.696.676 millones de pesos destinados a eso, que no utilizó?

Gustavo Moreno, el asesor tutelar ante la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario porteña, quien afirmó: «Las cinco urbanizaciones que hoy promueve el gobierno porteño tienen relación directa con emprendimientos urbanísticos: la Villa 31, con el Paseo del Bajo; la 20, con la Villa Olímpica; la Rodrigo Bueno, con el proyecto de IRSA; el asentamiento Lamadrid, con la conexión de Puerto Madero y Caminito; y Fraga, en Chacarita, con la apertura de la avenida Triunvirato. Mientras tanto, en otras villas como la 1-11-14, de las más peligrosas y con la ley de urbanización más antigua, no hay trabajos porque no hay interés económico detrás».

Los procesos de urbanización están estrictamente vinculados a negocios inmobiliarios. El gobierno eligió a dedo, sin llamar a mesas participativas, para decidir cuáles son los más urgentes», denunció Jonatán Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Consultados por Tiempo, desde el IVC lo niegan: «No nos interesa ningún proyecto inmobiliario. El único que tenía uno era Rodrigo Bueno, y se cayó. Todo se discute con los vecinos, primero tienen que aprobarlo ellos.

La urbanización de esas villas genera otro interés a los desarrolladores inmobiliarios. «El objetivo esencial debe ser que las familias se queden. Sin embargo, quedarán libradas al mercado y serán desplazadas, como está sucediendo en La Boca». La Villa 31 o la Rodrigo Bueno se encuentran sobre los terrenos más codiciados de la Ciudad.