Antes de la publicación de los nuevos índices de pobreza prevista para el 22 de septiembre y frente a una creciente movilización callejera por el impacto del ajuste, el gobierno nacional prepara un nuevo «equipo de contención social», similar al que funcionó en diciembre pasado cuando el presidente Mauricio Macri transitaba el primer mes de su mandato. La mesa que coordinará «esfuerzos» y tendrá como horizonte el abordaje del final de año estará integrada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; Acción Social, Carolina Stanley; Trabajo, Jorge Triaca; Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio; y el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis. También articularán con ese equipo el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, según revelaron a Tiempo fuentes de tres de los cuatro ministerios que participan de ese armado.
Los ministros trabajarán sobre una serie de zonas consideradas vulnerables: el Conurbano bonaerense y las ciudades de Mar del Plata, Bariloche y Rosario, parte de la geografía nacional donde el gobierno ya advierte el impacto de la crisis económica y social especialmente en términos de pobreza y desempleo, pero también en materia de narcotráfico.
El regreso
El reenvío de efectivosde Gendarmería Nacional a las ciudades de Santa Fe y Rosario es parte del capítulo en materia de seguridad que el Ejecutivo diseña para los próximos meses. En su rendición ante el Congreso, Peña habló del regreso a esos puntos de 3000 gendarmes, pero en el gobierno aclaran que ese número sería el máximo de un contingente integrado por uniformados de distintas fuerzas federales.
El lunes pasado hubo una primera reunión entre el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz; y el jefe de Gabinete. Y el martes, un segundo round entre Bullrich, el mandatario y la intendente, de Rosario, Mónica Fein. Acordaron una nueva cita para esta semana con el fin de avanzar con las negociaciones.
La relación del gobierno con Santa Fe no es la mejor, pero el incremento de los reclamos en materia de seguridad y la situación social empujaron a ambas administraciones a reunirse y «limar asperezas». El nivel de deterioro de las condiciones económicas que los funcionarios buscan eludir en público fueron expuestas por el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín. «En algunas parroquias aumentó la demanda social. En varias Cáritas hay alerta porque no estamos pasando los mejores tiempos. Hay preocupación, no sé si llegamos a una emergencia social. Es para estar muy atentos», dijo el cura. «Todavía los gobernantes no han encontrado la vuelta para el crecimiento tan esperado», completó. El diagnóstico tuvo como horizonte la masiva marcha contra la inseguridad del jueves 25 de agosto en Rosario.
Santa Fe no es la única provincia que pidió mayor presencia de Gendarmería en su territorio. Córdoba también se sumó a ese reclamo. «Si bien tenemos casi 90 mil efectivos en las distintas fuerzas federales, distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país, se produce este fenómeno. Los gobernadores e intendentes reclaman una mayor presencia. Ahora que hemos empezado a controlar la frontera, no queremos perder esa presencia y traer de vuelta las fuerzas a las ciudades», contestó esta semana el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, durante su visita a Córdoba.
Geografías sensibles
En el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, admiten que, desde los primeros días de este mes, parte del Gabinete recorrerá el Conurbano bonaerense. «Especialmente en las zonas más pobres», contó a Tiempo un funcionario antes de emprender una visita al partido de Moreno, punto clave del oeste metropolitano.
Otras zonas que recibirán «un amplio despliegue» de programas oficiales, como «El Estado en tu Barrio» y el «Programa Nacional de Hábitat», serán La Matanza, San Martín, Lanús, Jose C. Paz y una lista de distritos que se construye semana a semana a partir de las consultas que hace la gobernación bonaerense a cada intendente. El alcance de esos programas es especialmente coordinado por Peña, Stanley y Vidal.
En la provincia de Buenos Aires, el segundo punto de atención es Mar del Plata. Según las últimas cifras de desempleo que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la ciudad balnearia registra una tasa de desocupación del 11,6%, debajo de Rosario que llega al 11,6% y un decimal por encima del Gran Córdoba, que tiene un 11,5%. En el cuarto lugar se ubican los partidos del Gran Buenos Aires (11,2%) y en el quinto, la ciudad cordobesa de Río Cuarto (10,5 por ciento).
En esos puntos, la apuesta del gobierno central es multiplicar la agenda de visita de los programas federales de asistencia y los anuncios de obras, especialmente de conexiones cloacales, de gas y agua potable, tres de los principales ejes del «Programa Nacional de Hábitat». En el caso de «La Feliz», la CGT local estima la tasa de desocupación en el 19%, pero los planes oficiales no incluyen programas de generación de empleo, salvo los derivados de las obras públicas. En el sur del país la atención está centrada en la ciudad rionegrina de Bariloche. El gobierno admite que el impacto del tarifazo y la caída del empleo han deteriorado las condiciones de esa zona «inestable e impredecible», según la definición oficial.
El año pasado, apenas asumió, Macri puso en marcha una coordinación dentro del gabinete para afrontar su primer verano en el poder. La cartera de Trabajo, en manos de Triaca, tuvo una primera prueba con el conflicto de la avícola Cresta Roja, cuyos trabajadores fueron ferozmente reprimidos por efectivos de Gendarmería el 22 de diciembre. Un mes y medio después del conflicto, el Consejo de Seguridad Interior, encabezado por Bullrich, aprobó el «protocolo de actuación en manifestaciones públicas» para habilitar la represión con el fin de desalojar un piquete. En la cartera de Seguridad se defienden y dicen que el protocolo «prácticamente no ha sido utilizado», aunque hace diez días, el 24 de agosto, tropas de Gendarmería desalojaron el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata, quince minutos antes del anunciado fin de un corte total. Para el gobierno se trató de una protesta «politizada», el mismo argumento que mencionó este sábado Triaca para hablar de la Marcha Federal que reunió a más de cien mil personas en Plaza de Mayo. «
La UCA y la pobreza
«El análisis de la UCA no es completo. Esto lo hemos discutido con monseñor Víctor Fernández. La propia UCA dice que es preliminar.» En una entrevista con el diario La Nación, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay confirmó este fin de semana el anticipo de Tiempo sobre contactos entre el funcionario y el influyente rector de la Universidad Católica Argentina. El domingo pasado este diario reveló una reunión entre Prat-Gay y Víctor «Tucho» Fernández en las oficinas del funcionario de Mauricio Macri, frente a la Casa Rosada. El ministro y el religioso considerado uno de los consejeros y teólogos más influyentes en el entorno del Papa Jorge Bergoglio dialogaron sobre el último informe de la UCA que reveló la existencia de «nuevos pobres». Ayer, Prat-Gay buscó relativizarlo públicamente.
