Con la recaudación nacional, provincial y municipal en caída, el Estado salió a buscar recursos como un sabueso. Si bien el propio presidente reiteró el viernes la potestad del Congreso para crear nuevos impuestos, también adelantó que “todo es posible”. La mira está puesta en los capitales en el exterior; los declarados y los que no. De hecho, esta semana la Afip dio a conocer un listado de más de 950 cuentas no declaradas fuera del país, con unos 2600 millones de dólares de ahorristas que habían ingresado al blanqueo propuesto por el gobierno de Mauricio Macri.
“La imposición, la generación de un impuesto, es tarea del Poder Legislativo. Nosotros no podemos hacer mucho, pero sé que hay proyectos que ya se están haciendo. Conozco el de Máximo (Kirchner), no sé si hay otros”, dijo Fernández el viernes, como al pasar. De hecho, el diputado oficialista Carlos Heller presentará esta semana un proyecto que prevé cobrar un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios.
La diferencia entre buscar plata afuera y buscarla adentro surgió esta semana cuando Eduardo Duhalde ofició de vocero de los capitales nacionales y salió a opinar en contra de la creación de un impuesto a las fortunas locales. Puso como ejemplo a la familia Macri, que de igual modo quedaría incluida en un eventual impuesto a las offshore.
Por lo pronto la Afip, bajo el mando de Mercedes Marcó del Pont, se puso a buscar y encontró esta semana una cantidad de dinero offshore que asciende a los 400 millones de dólares. Esta información se logró obtener gracias al entrecruzamiento que realizó el Estado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2018, luego de la ley macrista que permitió blanquear sin repatriar capitales en marzo de 2017.
En tanto, Fernández tenía de antemano una mala noticia para comunicarles a los empresarios locales: la continuidad del aislamiento físico, preventivo y obligatorio. Ni horarios escalonados para viajar al trabajo, ni levantamiento de la cuarentena por rubro, ni autorización para abrir bares o restaurantes. Ninguna de las predicciones, insistentemente impulsadas por las cámaras empresariales acompañadas por la cúpula de la CGT fueron anunciadas este viernes por el presidente. Apenas si podrán abrir gomerías y talleres mecánicos, pero sólo para reparar los vehículos afectados a la emergencia sanitaria. Y si hay alguna posibilidad de alivianar la cuarentena, será por región, no por rama de actividad. Mientras la zona metropolitana (CABA y Conurbano), donde está ubicada la mayor cantidad de oficinas administrativas y plantas fabriles, seguirá paralizada.
Durante toda la semana medios y periodistas clamaron conocer “el plan del gobierno para flexibilizar la cuarentena”. Esas enumeraciones de medidas sirvieron para revelar las propuestas de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Ambos proyectos fueron acompañados por la cúpula de la CGT. Sin embargo, el viernes el presidente Alberto Fernández recibió otra vez al “comité de expertos”, que integran epidemiólogos, entre otros especialistas. Tal como adelantó a este diario hace una semana el médico Pedro Cahn, “la cuarentena sigue” y se prorroga “tal como está” hasta el 26 de abril. Llegado el momento se volverán a analizar los números de la economía y los de la pandemia. Y se volverá a decidir cómo seguir.
Si algún gobernador o gobernadora quiere proponer flexibilizar las reglas en algún determinado pueblo o desarrollar alguna actividad en particular, deberá presentar una propuesta al gobierno nacional junto con un protocolo de higiene y seguridad específico y será evaluada por el Ministerio de Salud. “El que manda es el gobierno nacional”, dijo Fernández tras las reuniones con mandatarios provinciales.
Es que los y las gobernadoras están preocupados porque la recaudación cayó de manera estrepitosa y temen no poder hacer frente a los gastos corrientes. En ese sentido, los tranquilizó el DNU del jueves que autoriza al Estado central a transferirles 120 mil millones de pesos a través de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y de préstamos a baja tasa. De hecho, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro ya envió los primeros 20 mil millones y otros 10 mil millones serán adjudicados la última semana de abril. El resto se irá haciendo llegar durante el año. Según la ley, los ATN se utilizan para casos excepcionales y se distribuyen en un 80% por coparticipación de impuestos y el 20% restante según la población de cada provincia. En esta oportunidad, los giros también se acordarán según los criterios de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social.
El objetivo de este salvataje fue evitar la proliferación de cuasimonedas. El caso cordobés –la provincia emitió un bono para pagarles a proveedores, que a su vez sirve para pagar impuestos- preocupó al área económica del gobierno y a través del salvataje de los 120 mil millones remarcó el monopolio que tiene el Estado central de imprimir billetes.
«Vamos a seguir igual en las ciudades»
“Quiero que cada paso que demos de aquí en adelante sea un acuerdo social: que todos estamos de acuerdo en asumir la cuota de responsabilidad que tenemos de hacer lo que la autoridad sanitaria recomienda”, dijo el presidente Alberto Fernández.
“Vamos a seguir exactamente igual en las grandes ciudades y los grandes centros urbanos”, remarcó el mandatario en la conferencia de prensa que ofreció en la residencia de Olivos, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros del Interior, Eduardo Wado de Pedro, y de Salud, Ginés González García.
Por otro lado indicó que les solicitó a los gobernadores que “expliquen qué es lo que ellos ven como posibilidad para ir levantando la cuarentena en algunos lugares puntuales”.
También señaló que “a partir del día lunes los bancos van a funcionar con un protocolo de atención al público y la gente va a tener que pedir turnos”.
