Finalmente, este miércoles el gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución que da cuerpo al procedimiento para la importación de residuos aprobada por el Decreto 591 del 26 de agosto de este año. De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri culmina el proceso administrativo legal por el cual no sólo se permite la “introducción e importación definitiva o temporal al territorio” sino también el tránsito de “residuos que tengan por destino un tercer país”.

La resolución firmada por el presidente Macri es de carácter conjunto entre el Ministerio de Producción y la Secretaría de Ambiente, sin embargo la autoridad de control será el primero, que no posee ninguna experiencia en el área.

De agosto a la fecha, el gobierno saliente no se quedó de brazos cruzados, y prepararon la normativa que se dio a conocer este miércoles. Los residuos que podrán importarse son divididos en a. Chatarra ferrosa, b. Chatarra no ferrosa, c. Rezagos de papel y cartón, d. Vidrio roto, casco, cascote, e. Rezagos plásticos.

De poco sirvió que las provincias, legisladores nacionales y organizaciones ambientalistas rechazaran el decreto porque, entre otras cosas, porque elimina el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, por los riesgos sanitarios y ambientales para la población y el ambiente, y porque las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados los residuos no poseen capacidad de control.

Ya en septiembre el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, había rechazado el decreto por inconsulto: “No se ha cumplido en el ámbito del Cofema una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos”.

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Pocos países con tan pocos recursos para afrontar exitosamente el tratamiento de sus propios residuos se plantean la importación de basura, incluso reciclada, como hace la Argentina. Los mayores productores y exportadores son, por supuesto, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Europa.

La normativa asegura que “únicamente se autorizará el ingreso de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos cuando la finalidad específica sea su uso como insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo”. Sin embargo, el contexto de la importación de residuos se da en la decisión de China de dejar de importar residuos de EE. UU. porque tras los supuestos residuos valorizados allí descargaban todo tipo de basura peligrosa. El gigante asiático compraba el 50% de los residuos que importaba EE.UU., la suspensión del acuerdo implica un problema gigante para el país del Donald Trump, que comenzó a acumular toneladas de residuos y así como en Argentina unos pocos países con muy débiles organismos de control ya comenzaron a recibir residuos de ese país, como Camboya, Laos, Ghana, Bangladesh, Kenia Etiopía y, en América Latina, Ecuador.

Argentina produce 45 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos (informe de 2017) que terminan en basurales a cielo abierto o enterradas. La Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5000 basurales a cielo abierto en el país, según cifras oficiales.

En el sector trabajan a 150.000 personas, nucleados en cooperativas que reciclan un porcentaje muy menor de lo que se produce. Dentro de la crisis de desempleo que vive la Argentina está claro que propiciar políticas públicas en ese sentido implicaría la generación de nuevos puestos de trabajo además de favorecer la economía circular, uno de los objetivos ambientales más relevantes en el contexto global de cambio climático.

Si bien la resolución afirma que la “recuperación de materiales a partir de los residuos a nivel nacional debe ser una prioridad”, el negocio de los residuos valorizados es grande, por lo que dar prioridad a empresas multinacionales implica hacer lugar a fuertes lobbies que atentarán contra la aplicación de políticas públicas locales que busquen afianzar la economía popular y la mencionada economía circular.

El gobierno de Cambiemos con este decreto le deja al Frente de Todos, a pocos días de abandonar el poder, una legislación que avanza contra el artículo 41 de la Constitución, que en su último párrafo menciona la prohibición de ingresar al territorio nacional residuos actual o potencialmente peligrosos. El Decreto 591 y la Resolución conjunta 3 de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Producción evaden este punto al mencionar que se trata de residuos previamente valorizados como insumos para industrias, aunque con la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental ya no existe tal garantía.