El gobierno desoyó el fallo de un tribunal oral federal que ordenó distribuir los elementos que componían el kit del Plan Qunita (con excepción de las cunas y los sacos de dormir) entre los sectores más necesitados de la sociedad.

La actitud del Ministerio de Salud, que en los hechos es una virtual apelación contra la decisión del tribunal oral, enredó a la causa en un berenjenal judicial, puesto que la orden de distribuir los elementos –muchos de ellos con fecha de vencimiento próxima- fue emitida en el contexto del proceso de juicio oral contra los imputados por la implementación de ese programa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La revisión de las decisiones de un tribunal oral le corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal, pero esa instancia no se inmiscuye en casos en los que no hay sentencia definitiva. La distribución fue parte de un incidente paralelo y simultáneo al juicio oral, con lo cual quedó abierta una discusión jurídica que insumirá un tiempo probablemente lo suficientemente largo como para que los elementos con fecha de vencimiento queden efectivamente inutilizables.

El ministro de Salud, Jorge Lemus, anunció que pese a la manda del Tribunal Oral Federal número uno, no distribuirá los enseres del kit que no tienen objeción en cuanto a su seguridad y utilidad. Excluyendo las cunas y los sacos de dormir, el kit contenía dos conjuntos enteros de manga larga, dos de manga corta, dos pantalones, tres pares de medias, un gorro, un abrigo polar, un par de escarpines y dos sacos de dormir, bolso materno y bolso cambiador, artículos de higiene para la madre y el recién nacido, termómetro digital, algodón, crema de caléndula, crema hidratante, protectores mamarios, preservativos, bata, camisón y pantuflas, chupete, babero, mordillo, sonajero, un portabebés, una guía de cuidados y un libro de cuentos.

Voceros de la cartera sanitaria explicaron según un cable que distribuyó la agencia DyN y reprodujeron varios medios, que «el Ministerio va a informar a la Justicia que en su momento el juez federal Claudio Bonadio dispuso que se suspendieran los pagos y en consecuencia falta pagar bastante» a los proveedores. El argumento es que el Ministerio no puede distribuir algo que no terminó de pagar, y no puede pagarlo porque un juez se lo prohibió.

“Se puede complicar entregar algo que todavía no se abonó completamente», indicaron.