La noticia se comunicó en los últimos días en una sesión extraordinaria de la Mesa de Gestión Territorial de Santa Victoria Este. En la cual, autoridades nacionales y provinciales anunciaron nuevas inversiones en el marco del Proyecto de Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGRO XXI), en el ámbito de los ex lotes fiscales 55 y 14 de esta provincia del NOA.
El dinero será destinado a la relocalización de las familias campesinas, tal como lo marca la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de febrero de 2020. La misma ordena al Estado argentino a brindar una solución a esta población salteña. Las familias recibirán apoyo para la instalación de pasturas, cerramientos con alambrado y represas de agua con fines productivos, para incentivar la relocalización fuera del territorio indígena.
Sobre la inversión
“Desde el Estado nacional hicieron una presentación durante los últimos días en Santa Victoria Este sobre una inversión muy grande a través de un programa que se llama AGRO XXI”, contó Nicolás Rapetti, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y titular de la Unidad Ejecutora de la Sentencia por el fallo de Lhaka Honhat, a Tiempo. Continuó remarcando que esto viene a dar respuesta “a uno de los principales reclamos de la población criolla para relocalizarse”.
“Se trata de una población que está dejando todo lo que construyó a lo largo de varias décadas y generaciones, se muestran muy respetuosos de lo que dicta la sentencia, están empezando a dejar sus tierras, en las que están enterrados sus propios ancestros”, valorizó Rapetti. Por lo cual señaló que se trata de un tema “muy sensible y complejo”.
Un resultado favorable para las familias
Sin embargo, a pesar de todo esto las personas “están dispuestas a hacerlo, pero a cambio piden que el Estado haga una serie de inversiones en las tierras a las que se tienen que mudar porque allí tienen que empezar de cero, lo cual resulta lógico y fue resuelto favorablemente”, explicó el jefe de gabinete. También aseguró que por eso anunciaron “la compra de alambrado, de pastura, de posos, para conectar agua para consumo humano y la producción, esto muestra se está empezando a dar respuesta al reclamo de estas personas”.
“Esto es muy importante porque reactiva y acelera el proceso de relocalización”, celebró Rapetti en relación a lo recientemente resuelto. Porque la inversión garantiza que los criollos que ya firmaron un acuerdo -más de 250 familias- con el Estado y las comunidades indígenas, “tienen garantizado que se van a realizar las obras en el nuevo lugar que ocuparán, sinceramente, la gente está muy contenta con todo lo que se está haciendo”, finalizó.
Proyecto AGRO XXI
Cabe destacar que es la primera vez en treinta años de conflicto territorial que el Estado nacional realizará una inversión para apoyar a estas familias campesinas que firmaron acuerdos con las comunidades indígenas para reubicarse fuera de su territorio.
Así mismo, AGRO XXI también financiará la instalación de cercos agroforestales para la producción de alimentos entre las comunidades indígenas. Lo hará con el fin de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia en materia de soberanía alimentaria.
Caso Lhaka Honhat
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades indígenas respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en 1998.
Durante todos los años que pasaron, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente. Además, llevaron adelante negociaciones sobre el territorio de 643 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. Lo hicieron con la destacada participación de Francisco Pérez, recientemente fallecido, quien fue coordinador de Lhaka Honhat.
Finalmente, la CIDEH ordenó al Estado argentino -en febrero de 2020- ejecutar aquellos acuerdos, puntualmente delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad para las comunidades. También generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas.
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
“Es un proyecto muy importante para avanzar con la relocalización de criollos, pero aún resta culminar con las tan atrasadas tareas de demarcación y delimitación de las 643mil hectáreas para garantizar plenamente los derechos de las comunidades indígenas”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a este diario. A su vez, “para cumplir con tal objetivo, hemos denunciado en varias ocasiones la falta de información de los apoyos técnicos esenciales”, agregaron.
En la sesión extraordinaria que se realizó en los últimos días participaron Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y titular de la Unidad Ejecutora de la Sentencia; Pablo Sívori, subsecretario de Gestión Federal para el Desarrollo del Ministerio de Economía; autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y los ministerios de Desarrollo Social, Infraestructura y de la producción del Gobierno de Salta. La formulación, diseño y ejecución en territorio de los proyectos estará a cargo del equipo local INTA-INAFCI y de la Unidad Ejecutora de la Provincia.
