Intendentes, legisladores, ministros y dirigentes de todos los sectores del Frente de Todos expresaron su apoyo a Cristina Fernández y criticaron el desarrollo del juicio por vialidad que se lleva adelante contra la vicepresidenta. El diagnóstico que prevalece en la coalición oficialista es que todo el proceso es una ofensiva política para proscribir a la vicepresidenta, por lo que la respuesta a esa iniciativa política judicial de la dirigencia del Frente de Todos también es política.

Los gobernadores Alicia Kirchner y Axel Kicillof salieron también a manifestarse públicamente contra lo que consideran una persecución judicial contra la expresidenta.

Los funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández salieron a tomar posición marcada. El canciller Santiago Cafiero, el secretario general de la presidencia Julio Vitobello y el titular de la AFI Agustín Rossi hicieron pública su crítica al juicio. Cafiero posteó este domingo por la noche: “Quieren proscribir a Cristina Fernández. La extrema derecha en América Latina es antidemocrática. Lo hicieron con Perón y recientemente con líderes populares de la región como Evo Morales y Lula Da Silva. Pero nuestros pueblos son justos: no abandonan a quienes se la juegan por ellos”.

Por su parte, uno de los hombres más cercanos al presidente, Julio Vitobello posteó este lunes en sus redes sociales una definición contundente. “No existe ningún decreto, decisión administrativa u otra disposición firmada por Cristina Fernández adjudicando la realización de obra pública al Sr Lázaro Báez. Sin pruebas, es solo persecución política, un antecedente gravísimo para la democracia”, sostuvo el funcionario.

Rossi, que había tenido fuertes disputas con la vicepresidenta durante las elecciones internas de Santa Fe, salió este lunes a defenderla en redes: “Hoy seremos testigos de una etapa más del disparate jurídico contra Cristina Fernández. Desde hace años que se ha desatado una campaña de persecución política-judicial- mediática sobre CFK que tiene en el Partido Judicial su ariete más incisivo. Hoy como siempre #TodosConCristina”.

Por su parte , la CGT y la CTA salieron a apoyar a la dirigenta. «Los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento. No hay una sola prueba material que relaciones a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito. El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo», sostuvo la CGT en un comunicado este lunes.

Los legisladores del oficialismo de ambas cámaras también se pronunciaron de manera conjunta. Los bloques del Frente de Todos del Senado y de Diputados comunicaron su crítica al proceso judicial y su apoyo a la dirigenta. “El bloque de diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos ratifica su solidaridad con la compañera vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y repudia toda  utilización del Poder Judicial como mecanismo de persecución de dirigentes políticos y sociales”, sostuvieron. “El recurso no es nuevo. Desde hace décadas, líderes populares en Argentina son estigmatizados a partir de falsas denuncias construidas en su contra, que luego encuentran su caja de amplificación en los medios de comunicación que responden a las grandes corporaciones y a los sectores del Poder Judicial absolutamente alineados con los intereses de los poderosos. La compañera Cristina, desde hace años, es víctima de espurias estrategias y en las próximas horas tendremos nuevos episodios de una larga historia de persecución”, señalaron.

Desde el Senado, sostuvieron: “Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho. Desde hace años, asistimos a una guerra no declarada por parte de un sector de la justicia y de una parte de la prensa, que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder. Esa estrategia se aplicó en distintos casos ocurridos en el país y también se replicó a nivel regional”.